Frena juez el intento de la FGR de revivir en año electoral la teoría del ‘complot’ en caso Colosio
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La Fiscalía afirma que el aspirante presidencial del PRI en 1994 fue víctima de un aparato organizado de poder, estructurado desde el Gobierno
Un juez frenó por ahora el intento de la Fiscalía General de la República (FGR), que en año electoral, pretende revivir la teoría del “complot” y va por el “segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
A casi tres décadas del crimen de Lomas Taurinas, la Fiscalía afirma que el aspirante presidencial del PRI en 1994 fue víctima de un aparato organizado de poder, estructurado desde el Gobierno y con una cadena de mando que iba desde la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta agentes del Cisen.
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Bajo ese supuesto, la Fiscalía del Caso Colosio pidió la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen que estuvo asignado a la seguridad del candidato y al que considera como el segundo tirador.
Sin embargo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó por ahora la orden de captura porque concluyó que la única prueba que tiene la Fiscalía para acreditar una acción concertada entre Mario Aburto y Sánchez Ortega es el dicho de una mujer que no es fiable, pues cambió su testimonio 25 años después.
Se trata de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto en la fábrica de plástico Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay. En 1998, Ortiz declaró que Aburto fue visitado tres veces en su centro de trabajo por un sujeto al que describió para un retrato hablado.
El año pasado, la Fiscalía del Caso Colosio citó a Ortiz para una diligencia en la que le mostraron dos fotografías, una de ellas de Sánchez Ortega, y esta vez aseguró sin duda alguna que fue él quien visitó en la fábrica a Aburto, días antes del magnicidio.
Sánchez Ortega ya había sido detenido por el asesinato.
La Policía lo capturó minutos después del homicidio por dos indicios que lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: al momento de su captura, su chamarra blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio.
Pero la entonces PGR nunca procedió en su contra porque Sánchez Ortega no tenía un arma en el momento de su captura y nunca se halló una distinta a la de Aburto en el lugar de los hechos.
La actual Fiscalía apunta también contra Genaro García Luna y Jorge Tello Peón en el Caso Colosio.
La FGR indaga si ambos fueron parte de las gestiones para que liberaran unas horas después de su captura a Jorge Antonio Sánchez Ortega, el ex agente del Cisen al que ahora señalan como el “segundo tirador”.
Sánchez Ortega ocupa ahora el lugar que en el pasado tuvo Othón Cortés Vázquez, quien fue detenido el 24 de febrero de 1995, acusado de haber detonado el segundo disparo contra el entonces candidato presidencial priista.
Chofer de dirigentes priistas en Tijuana, Cortés Vázquez fue encarcelado porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dijo que había recargado una mano sobre el hombro del jefe de seguridad de Colosio, el General Domiro García Reyes, para disparar.
El entonces juez y hoy Ministro de la Suprema Corte, Jorge Pardo Rebolledo, le dictó el 7 de agosto de 1996 una sentencia absolutoria, porque estimó que no había evidencias para acreditar su plena responsabilidad por el delito de homicidio. Ese día, Cortés Vázquez salió del Penal del Altiplano, en el Estado de México.
En el mismo fallo, también les dictó sentencia absolutoria a Fernando de la Sota y Alejandro García Hinojosa, ex integrantes del equipo de seguridad de Colosio, quienes enfrentaban cargos por falsedad en declaración, un ilícito que les fincaron por manifestar que Mario Aburto era el autor del segundo disparo, hecho que después se confirmaría.
El caso contra Cortés Vázquez estaba construido con base en los testimonios de Jorge Amaral Muñoz, María Belén McKliz y Jorge Romero Romero, quienes dijeron que la tarde del 23 de marzo de 1994, cuando ocurrió el magnicidio, vieron en Lomas Taurinas al chofer apuntarle con un arma a Colosio.
Estos testigos identificaron al supuesto segundo tirador en la copia fotostática de una fotografía.
Pardo Rebolledo desestimó sus dichos porque en sus primeras declaraciones no aportaron ninguna información y 11 meses después, cuando ya estaba Pablo Chapa Bezanilla como Fiscal Especial del Caso Colosio, volvieron a declarar y modificaron su testimonio para incriminar a Cortés Vázquez.
En los careos judiciales tampoco sostuvieron la última versión en todos sus términos.
En 1997, Chapa Bezanilla fue encarcelado por el escándalo de la “siembra” de una osamenta en la finca “El Encanto”, para incriminar a Raúl Salinas por el homicidio de Manuel Muñoz Rocha,
Dos años después, la Fiscalía del Caso Colosio, a cargo de Luis Raúl González Pérez, pidió las órdenes de aprehensión contra los tres testigos que acusaron a Othón Cortés Vázquez por el delito de falsedad en declaración.
Según Cortés Vázquez, el testigo Jorge Romero admitió tras su captura que la Subprocuraduría Especial que estaba a cargo de Chapa Bezanilla le pagó 25 mil dólares para señalarlo como el segundo tirador contra Colosio.
Chapa Bezanilla fue el último fiscal que mantuvo la teoría del complot y el segundo disparo, antes de que la retomara el actual Fiscal del Caso Colosio, Abel Galván Gallardo.
Cortés Vázquez murió de un paro cardiaco el 14 de abril de 2020 en Tijuana.
El 24 de julio de 1997, con base en 87 nuevos dictámenes periciales y 305 testimonios, el entonces Fiscal González Pérez concluyó que la pistola Taurus calibre 38 especial de Aburto fue el arma que efectuó los dos disparos contra el sonorense.
Esta conclusión parecía anular la la teoría del “segundo tirador”, ya que desde un principio -en testimonios que hoy acusa haber realizado bajo tortura- el propio Aburto había reconocido que era tanto el propietario del arma como el autor de los dos disparos en Lomas Taurinas. Van contra García Luna y Tello en el caso La Fiscalía General de la República (FGR) apunta a Genaro García Luna y Jorge Tello Peón en el Caso Colosio.
Los investigadores del expediente ahora presumen que ambos fueron parte de las gestiones para liberar, horas después de su captura, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen al que ahora señalan como el “segundo tirador” en el magnicidio.
Sánchez Ortega fue detenido el 23 de marzo de 1994 a las 17:15 horas por agentes de la Policía Municipal, quienes lo ingresaron a la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana a las 18:50, y quedó en libertad bajo reservas de ley al día siguiente a las 14:15 horas.
La Fiscalía del Caso Colosio indaga a Tello Peón, entonces director del Cisen, porque llamó por teléfono al entonces delegado de la PGR en Baja California, Arturo Ochoa Palacios, y envió a varios agentes del centro de inteligencia a Tijuana para que buscaran la liberación de Sánchez Ortega.
Uno de esos enviados era García Luna, en aquel tiempo subdirector de área de la Dirección de Protección del Cisen, a cargo del entonces Contralmirante Wilfrido Robledo Madrid, fallecido en 2022.
García Luna, quien llegó a ser Secretario de Seguridad Pública, voló ese día desde la Ciudad de México a Tijuana con otros cuatro funcionarios del Cisen, entre ellos José Rodolfo Juárez Guerrero, también adscrito a la Dirección de Protección.
García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, iba al frente del grupo y era el único que llevaba un teléfono celular para reportar de las incidencias a sus superiores.
Otros funcionarios del Cisen que llegaron desde la tarde del 23 de marzo a la delegación de la PGR fueron Arturo Humberto Gutiérrez Manzano, delegado en Baja California, y sus dos jefes de departamento, Juan Manuel Sánchez Rosales y Rubén Rodríguez Gutiérrez, este último responsable de la oficina en el Aeropuerto de Tijuana.
