INE ordena a Secretario de Gobernación, Adán López, no pronunciarse sobre la revocación de mandato
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El Tribunal Electoral Federal analizará de fondo y resolverá, sobre el uso indebido de recursos públicos por algunos de ellos
Se les ha ordenado a Adán Augusto López, Secretario de Gobernación y a otros 10 servidores públicos por parte del Instituto Nacional Electoral, no pronunciarse sobre la revocación de mandato.
El Tribunal Electoral Federal analizará de fondo y resolverá, sobre el uso indebido de recursos públicos por algunos de ellos, al trasladarse en un avión de la Guardia Nacional a Coahuila y Sonora para actos proselitistas.
De acuerdo con Reforma, dicha exigencia de no promover la revocación también se extiende al líder nacional de Morena, Mario Delgado porque pese a que la Suprema Corte prohibió a los partidos difundir la consulta, no han atendido la sentencia.
La Comisión de Quejas del INE aplicó medidas en la modalidad de tutela preventiva, para que no se repita la conducta de dichos funcionarios, al resolver denuncias del PAN y PRD.
Por lo que llamó de nuevo a todos los servidores públicos federales, estatales o municipales a respetar la legislación vigente y no difundir dicho ejercicio.
Además de Augusto López, en la lista están las secretarias de Energía, Rocío Nahle; de Cultura, Alejandra Frausto, y de Economía, Tatiana Clouthier, así como el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía -con licencia-, y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
También los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Sonora, Alfonso Durazo, y el secretario de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez, y el senador Armando Guadiana.
“Se ordena (a estos funcionarios) que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación.
“Y por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad, a fin de no influir en la opinión ciudadana”, indica el acuerdo.
Una vez notificados, los funcionarios que difundieron fotografías o videos sobre el apoyo al Presidente o al proceso de revocación tendrán tres horas para borrarlos.
En la sesión, los consejeros reiteraron sus críticas al comportamiento de los servidores públicos, y advirtieron que en los próximos días seguirán viendo la violación desmedida a la Constitución.
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“Tenemos una especie de politiquísima trinidad en las conductas que hemos estado viendo, porque está la organización Que Siga la Democracia, que tiene derecho como ciudadanos, pero se junta con servidores públicos que integran el gabinete presidencial, gobernantes locales y el dirigente de un partido político.
“No recuerdo un antecedente en la vida democrática del país sobre la participación en eventos políticos de los cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio. En su momento, se tendrá que pronunciar sobre el fondo el Tribunal Electoral, sobre el mal uso de recursos públicos”, señaló el consejero Ciro Murayama.
Sus compañeras Claudia Zavala y Adriana Favela lamentaron que no se permita a los ciudadanos reflexionar libremente sobre participar o no en dicho ejercicio.
