INE se defiende, aprueba lineamientos para evitar injerencia de funcionarios en procesos electorales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de los servidores públicos.

En una sesión extraordinaria, el organismo aprobó lineamientos para evitar que las personas que ejerzan cargos públicos “participen o realicen cualquier acto de injerencia en detrimento de la imparcialidad y equidad en los procesos electorales federales y locales” y en los mecanismos de participación ciudadana que se llevarán a cabo en 2023 y 2024.

En ellos se establece que quienes operan los programas sociales, “servidores de la nación” o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de beneficios o realice actividades con beneficiarios, deberán conducir su actuar de manera institucional y “sin realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.

Además, las servidoras y servidores públicos deberán abstenerse de instruir o coaccionar al personal a su cargo para que realice cualquier conducta relacionada con los procesos electorales o de democracia directa.

Te podría interesar: Aprueba Senado en lo general ‘Plan B’ electoral de AMLO; pasa a discusión particular

Tampoco podrán dirigir mensajes de índole electoral a la ciudadanía, ni usar los recursos públicos a los que tienen acceso o a su disposición para invitar a votar a favor o en contra de una opción política.

“En todo momento, las personas servidoras públicas al desempeñar sus funciones deben tener especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación (incluidas las entrevistas y en general cualquier declaración espontánea, independientemente de dónde y cuándo se realicen) relacionados con sus funciones y su relación con los procesos electorales, o bien los mecanismos de participación ciudadana”, señalan.

De acuerdo con estos lineamientos, los funcionarios no podrán acudir a actividades proselitistas en días y horas hábiles, aunque soliciten licencia y que se les descuente el día, como han hecho legisladores y los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Si acudieran, su participación no podrá ser preponderante.

Tampoco se podrán utilizar los medios de comunicación oficiales, ni los tiempos del Estado para promover el voto.

También se rescata declarar la pérdida del modo honesto de vivir en caso de reincidencia, misma que “tendrá efectos sobre la participación político-electoral de la persona infractora, en los términos que establezca la resolución correspondiente”.

Los lineamientos fueron aprobados en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estableció que las intervenciones de funcionarios públicos pueden ser determinantes en un proceso electoral.

Te podría interesar: Reforma electoral ‘pone en peligro la operación de procesos electorales’, señalan consejeros del INE

Durante la sesión, la consejera Dania Ravel aseguró que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados de precampaña como las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey recordó que, de acuerdo con la sentencia del TEPJF, se ordenó al INE que en un plazo de 30 días hábiles se elaboraran reglas o lineamientos para establecer con certeza las medidas preventivas “a fin de evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas, así como los denominados servidores/servidoras de la nación en los procesos electorales y, de manera específica, el día de la jornada electoral”.

Aunque acompañó los lineamientos en lo general, Humphrey pidió votaciones por separado, con el fin de establecer una temporalidad a la restricción de las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos que les prohíbe asistir a eventos en que se entreguen beneficios de programas de actividades institucionales.

“Estamos ante unos lineamientos que son necesarios por una falla estructural de nuestro subdesarrollo económico, político e institucional”, consideró el consejero Ciro Murayama.

“¿Por qué en las democracias desarrolladas este tipo de reglas no se discuten, son ociosas, nadie piensa en ellas?”, planteó Murayama. “Porque existen servicios civiles de carrera, incluso desde los ayuntamientos, que hacen que los servidores públicos trabajen sí para el Ejecutivo, pero no para el gobierno en turno y también es fruto de nuestro subdesarrollo el uso de programas sociales para palear la ausencia de instituciones que garanticen derechos sociales”.

El consejero Jaime Rivera enfatizó que algunas fuerzas políticas y servidores públicos han buscado “darle la vuelta” a las prohibiciones y encontrar nuevas formas de clientelismo político y de control corporativo de la acción y preferencias políticas, en sectores sociales económicamente menos favorecidos y más expuestos a la coacción y al control.

Por lo que estos lineamientos, detalló, son producto de evolución y experiencias políticas que reclaman unas reglas para cuidar la equidad de la competencia política y ofrecer a todas y todos los contendientes “una cancha sin ventajas indebidas, ya que responde a una maduración de las capacidades de las autoridades electorales, no sólo administrativas, sino jurisdiccionales”.

El consejero José Roberto Ruiz y la consejera Norma De la Cruz emitieron votos particulares de los lineamientos.

Los lineamientos podrían quedar sin efecto debido a la reforma legislativa en materia electoral, conocida como “Plan B”, que retira las facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir esta clase de lineamientos.

Con información de medios