La UE es acusada de crear un sistema de control migratorio similar al del ICE

Los políticos de la UE han prometido aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, en virtud de una nueva ley que, según los críticos, imita elementos de la brutal represión migratoria de la administración Trump.

En la fase final de la reforma del sistema de asilo y migración de la UE, los políticos han acordado una normativa que permitirá a las autoridades nacionales registrar los domicilios de las personas para hacer cumplir las órdenes de deportación.

Las personas que enfrentan una orden de deportación y que se consideran poco cooperativas o con riesgo de fuga podrían ser detenidas hasta por dos años, período que puede extenderse a 30 meses, en comparación con los 18 meses de detención que contempla la ley vigente. Quienes se nieguen a cumplir con una orden de deportación podrían sufrir recortes en sus beneficios o prestaciones sociales.

La normativa también permitirá la creación de centros de retorno extraterritoriales, centros fuera de la UE donde las personas indocumentadas permanecerían retenidas durante períodos indeterminados, a la espera de su regreso a su país de origen.

Varios países de la UE están en conversaciones con otros países, principalmente de África, para crear centros de retorno, aunque aún no se ha anunciado ningún acuerdo.

El texto acordado el lunes en las conversaciones a tres bandas entre las principales instituciones de la UE —el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea— permitirá registrar los domicilios de las personas «u otros locales pertinentes» y confiscar sus pertenencias personales para garantizar el cumplimiento de una orden de deportación.

La detención estará permitida para menores no acompañados y familias con hijos, “como medida de último recurso” y “durante el período más breve posible, teniendo en cuenta el interés superior del niño”, según un comunicado de prensa del Parlamento Europeo.

Las personas consideradas un riesgo para la seguridad podrían enfrentarse a una prohibición de por vida para entrar en la UE, en comparación con la prohibición máxima actual de 10 años.

La UE espera que estas medidas incrementen las deportaciones de personas a las que se les ha denegado el derecho de asilo, que han permanecido en el país más tiempo del permitido por su visado o que carecen de derecho de residencia. Actualmente, solo alrededor del 20 % de las personas sin derecho a permanecer en la UE son repatriadas con éxito a sus países de origen.

Los funcionarios de la UE elogiaron la ley como un paso importante en la gestión de la migración en el bloque. «Con las nuevas normas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse», declaró Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, autor de las propuestas originales.

Los críticos acusaron a la UE de copiar las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que bajo la segunda presidencia de Trump emprendió una dura y violenta represión contra los inmigrantes indocumentados.

Mélissa Camara, eurodiputada del Partido Verde, afirmó que el texto “debilita los derechos procesales, prolonga los períodos de detención y avala las prácticas del ICE al permitir que las autoridades realicen redadas domiciliarias”.

El acuerdo fue posible después de que el Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, votara junto con grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo en marzo para impulsar medidas más estrictas sobre la repatriación de personas indocumentadas. Antes de que el Parlamento viera hacia la derecha en las elecciones europeas de 2024, tradicionalmente había actuado como freno a las posturas más intransigentes de los Estados miembros de la UE.

Regina Doherty, diputada del PPE por Irlanda, celebró el acuerdo y declaró: «Este acuerdo no se refiere a las personas que han llegado a Europa legalmente, a quienes trabajan, estudian o contribuyen a nuestras comunidades, ni a quienes han obtenido protección internacional. Se trata de crear un sistema europeo común para abordar los casos en los que una persona ha seguido el proceso legal y se ha determinado que no tiene derecho a permanecer en el país».

Según ella, existe “demasiada desinformación” sobre la migración, y los temas complejos se reducen “a eslóganes, indignación y afirmaciones falsas”.

Silvia Carta, responsable de incidencia política en la Plataforma de Cooperación sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas, afirmó que la ley “expondría a cientos de miles de personas a daños y violencia, desde el encarcelamiento en centros de detención de inmigrantes durante hasta 30 meses hasta la separación de familias y el envío de personas a países que ni siquiera conocen”.

Añadió: «Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo que genera la brutal represión migratoria del ICE. Europa debería aprender de los perjuicios de ese modelo, en lugar de crear su propia versión».

La ley sobre retornos, que será ratificada por el Consejo y el Parlamento Europeos, culmina una larga reforma de los procedimientos de asilo y migración, iniciada en 2020 en un esfuerzo por evitar que se repita la crisis migratoria de 2015, cuando 1,3 millones de personas, muchas de ellas procedentes de Siria y Afganistán, países devastados por la guerra, buscaron refugio en Europa.