Lozoya ofrece reparar daño por Agronitrogenados, pero no acepta su culpabilidad

A pesar de que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, insiste en pagar la reparación del daño cometido por la venta a sobreprecios de la planta Agronitrogenados, no aceptará culpabilidad en este ilícito que generó una afectación de 200 millones de pesos al erario federal.

Así lo confirmó el abogado de la familia Lozoya Austin, Alejandro Rojas Pruneda, en la que sostuvo que “el asunto no tiene que ver con una declaratoria de culpabilidad, es una salida alterna que prevé la constitución”.

“Está buscando estas salidas que están en la Constitución, que están en la ley, que permiten que, si paga la reparación del daño, tenga un ejercicio de no acción penal”, declaró Rojas Pruneda.

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Acuerdo reparatorio sigue sin prosperar

El ofrecimiento de Lozoya es 200 millones de pesos, la misma cantidad pactada con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reparar el daño causado por la presunta compra fraudulenta de la planta de fertilizantes considerada “chatarra”.

Rojas Pruneda explicó que, a pesar de que el 9 de marzo de 2022, durante una asamblea del Consejo de Administración de Pemex, se determinó que esa era la cantidad de resarcimiento correcta, el 11 de abril de ese año, cuando la defensa se dirigía al Reclusorio Norte de la Ciudad de México a firmar el acuerdo reparatorio, se les informó que ni la petrolera ni la UIF firmarían.

“En todas las audiencias, frente al juez de control, frente a la Fiscalía (General de la República), frente de la UIF y frente a Pemex, tanto Emilio como su (otro) abogado, Miguel Ontiveros Alonso, han señalado que se quiere reparar el daño al 100%, ni un peso menos”, explicó Rojas Pruneda.

El abogado dijo que la negativa del gobierno federal de concretar el acuerdo pactado hace un año “parece que es un tema de tipo político de las instituciones”.

También sospecha que “no se le ha informado de manera adecuada quienes tienen que tomar las decisiones, al presidente de la República”.

“Por decisiones superiores no ha prosperado”, recalcó.

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Peña Nieto sería llamado a rendir cuentas si se da un maxiproceso

Otro de los casos abiertos que mantiene Emilio Lozoya Austin ante la justicia mexicana es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posteriormente, ya en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Para poder obtener a su favor el ejercicio de no acción penal, el exdirector de Pemex acordó con la Fiscalía General de la República acogerse a un criterio de oportunidad y rendir testimonio y presentar material probatorio que permita comprobar la participación de otros funcionarios públicos de alto nivel en delitos graves.

En la entrevista concedida a Aristegui en Vivo, el abogado Rojas Pruneda afirmó que Emilio lozoya ya denunció en agosto de 2020 “un conjunto de conductas, que yo me atrevería a decir, son casi casi hechos notorios a nivel nacional por corrupción”.

Aseguró que su cliente “señaló muy detalladamente las facturas que fueron expedidas para poder hacer los pagos señalados como ilegales” en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Detalló que estas facturas de pago de diversas proveedurías extranjeras ya se encontraban en diversos expedientes del caso, pero lo importante fue que Lozoya señaló cuáles acreditarían el hecho criminal.

Sobre los presuntos sobornos pagados a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética propuesta por Peña Nieto, aseguró que presentó recibos de los dineros entregados, así como testimonios y un video en el que aparece llenando maletas con dinero Rafael Caraveo, entonces asesor del senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.

Para el abogado, la prueba de la veracidad de las declaraciones de Lozoya radica en que, gracias a dicho material probatorio, “ya que se ha ejercitado acción penal contra diversas personas, legisladores y políticos”.

“En lo que corresponde el criterio de oportunidad, Emilio lozoya ha cumplido al proporcionar información que permita investigar un delito más grave”, sostuvo.

Al ser cuestionado cómo imagina que sería que las autoridades judiciales emprendieran un ‘maxiproceso’ por este caso, Rojas Pruneda dijo: “yo me imagino un juicio en el que fuera llamado a cuentas el expresidente de la República Enrique Peña Nieto”.

Finalmente, aseguró que Emilio Lozoya tiene la “voluntad de participar en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la lucha de gran calado contra la corrupción, y fortalecer la figura del testigo colaborador no, solamente en este caso, sino en otros que puede haber más adelante”.

Con información de medios