Déficit de tribunales retrasa sentencias hasta por 5 años en NL

Abogados litigantes alertaron que Nuevo León enfrenta un importante déficit de Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en relación con su población, por lo que algunos casos tardan hasta cinco años en tener una resolución.

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Esta frecuente demora en la resolución de expedientes, advirtieron, limita el acceso rápido y oportuno de la ciudadanía a la justicia, y contrasta con lo que sucede en entidades como la Ciudad de México, donde se resuelven casos incluso en solo tres meses.

Un análisis elaborado por Bernardo Elizondo, abogado litigante especializado en fiscalización, establece que, en relación con su población, Nuevo León debería contar con 38 tribunales en lugar de los 13 que actualmente operan en el estado.

Este déficit, aunado a la suspensión de actividades —primero por la pandemia de Covid en 2020, y luego por los paros laborales en protesta por la reforma judicial en 2025—, incrementó el rezago en la resolución de casos, sostuvo.

“Actualmente están resolviendo asuntos de 2022 y 2023”, afirmó el litigante, “lo que implica de tres a cuatro años de rezago, mientras que en la Ciudad de México están ya resolviendo los asuntos de 2026; es decir, existe muy poco rezago”.

“También están viendo casos de 2021; es una cosa nunca antes vista. Lo correcto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México: que el asunto llega y se resuelve en tres meses”.

Los Tribunales Colegiados de Circuito son órganos federales de segunda instancia que están encargados principalmente de resolver juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio.

El abogado Olmo Guerrero señaló que el rezago en la resolución de expedientes se profundizó primero por la pandemia y después por los paros laborales en el Poder Judicial de la Federación.

Señaló que la falta de un juicio rápido hace que algunos comerciantes, por ejemplo, no puedan operar sus negocios mientras están en litigio para resolver multas o clausuras impuestas, debido a que la resolución tarda años en llegar.

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“A partir de la pandemia”, añadió, “se ha ido arrastrando un déficit en la atención de asuntos que evidencia la necesidad de más Tribunales Colegiados y, por lo tanto, más personal en los juzgados”.

“Los ciudadanos tienen que litigar por años para resolver clausuras de negocios y poder volver a operar, o para buscar devoluciones de multas o de créditos fiscales que les imponen”.

“Y eso les quita disponibilidad de realizar servicios o actividades o incluso manejar ciertos recursos económicos”, explicó Guerrero.