Nicolás Maduro mantuvo vínculos con Los Zetas durante el auge del cártel en Coahuila
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La acusación contra Nicolás Maduro señala que estableció nexos con Los Zetas mientras la organización criminal ejercía su control sobre Coahuila
Acusaciones recientes contra Nicolás Maduro, quien ejerció la presidencia de Venezuela entre 2013 y 2026, señalan que el exmandatario mantuvo vínculos con diversas organizaciones criminales. Entre los señalamientos destaca su presunta relación con el Cártel de los Zetas durante el periodo en que dicha organización operaba con fuerza en el estado de Coahuila.
Las autoridades de Estados Unidos han presentado una acusación formal contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos, a quienes relacionan con algunas de las organizaciones criminales más poderosas de México, entre ellas Los Zetas (hoy convertido en el Cártel del Noreste) y el Cártel de Sinaloa.
La acusación por “narcoterrorismo y tráfico de cocaína a Estados Unidos” contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro incluye 25 referencias a México a lo largo de sus 25 páginas.
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CÁRTEL DE SINALOA Y LOS ZETAS PROTAGONIZAN ACUSACIONES CONTRA NICOLÁS MADURO
En el expediente también se menciona en 14 ocasiones al Cártel de Sinaloa y 13 veces a Los Zetas. Según los señalamientos, entre 1999 y 2020, periodo que abarca los gobiernos federales de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el primer año de Andrés Manuel López Obrador, México no solo operó como país de paso, sino como un espacio clave para la operación del Cártel de los Soles, organización atribuida a mandos del régimen venezolano.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro y altos funcionarios habrían protegido y facilitado durante años el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con grupos criminales de México, así como con las FARC, el ELN y el Tren de Aragua.
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS Y PRESUNTOS VÍNCULOS CON ORGANIZACIONES DEL NARCOTRÁFICO
La acusación sostiene que los nexos entre el gobierno venezolano y bandas criminales incluyen a figuras cercanas a Maduro, entre ellas Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.
El documento judicial describe una estructura de corrupción, protección armada, logística y lavado de dinero que habría permitido el paso de droga por Venezuela hacia México, Centroamérica y Estados Unidos desde al menos 1999.
Según la acusación, funcionarios, militares y operadores logísticos del régimen venezolano participaron en un entramado en el que los beneficios del tráfico “fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder”, mientras que los cargamentos eran protegidos por mandos castrenses conocidos como “los generales”.
OPERACIONES Y RUTAS SEÑALADAS POR LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES
Entre los fragmentos descritos en el expediente se detalla que, entre 2003 y 2011, mientras Diosdado Cabello ocupaba cargos de alto nivel, Los Zetas habrían trabajado con grupos colombianos para enviar cargamentos de cocaína de entre cinco y seis toneladas, y, en algunos casos, hasta 20 toneladas, desde puertos venezolanos hacia México y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses señalan además que se habrían vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, facilitado vuelos encubiertos y brindado cobertura oficial a movimientos de dinero y estupefacientes. Parte del tráfico se habría realizado también mediante aeropuertos comerciales y pistas clandestinas con destino a México, Honduras y Guatemala.
Para 2020, las estimaciones de las autoridades señalaban que hasta 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, una parte de ellas bajo rutas controladas por Los Zetas.
LOS ZETAS Y SU EXPANSIÓN EN COAHUILA:
El análisis académico “El origen de Los Zetas y su expansión en el norte de Coahuila”, de Víctor Manuel Sánchez Valdés y Manuel Pérez Aguirre, documenta cómo este grupo criminal consolidó su presencia en la entidad.
El texto menciona cómo fue la llegada del cártel a Coahuila: “(En Coahuila) resalta la lucha por la zona entre varias organizaciones criminales durante décadas, hasta que los Zetas aseguraron el control para su organización madre. Entre 2003 y 2005, el Cártel de Sinaloa disputó las ciudades de Acuña y Piedras Negras al Cártel del Golfo, que tenía presencia en la zona gracias a los Zetas.”
Asimismo, el texto refiere:
“Dicha operación se realizó a iniciativa de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que en ese momento fungía como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la región Laguna, que abarca parte de los estados de Coahuila y Durango. De esta forma, los Zetas aseguraron el control de la región entre 2004 y 2005. A principios de este siglo comenzó un proceso de consolidación del grupo criminal en la zona. Fieles a su costumbre, los Zetas se impusieron a sangre y fuego.”
LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ZETAS EN COAHUILA
Víctor Manuel Sánchez Valdés y Manuel Pérez Aguirre, establecen que Los Zetas abrían dominado el territorio entre 2004 y 2005, hasta 2016, que surge una fragmentación en la organización criminal.
Durante su apogeo tejieron redes criminales que llegaron a incluir la participación de autoridades locales.
“Con el paso del tiempo, los Zetas, primero de la mano del Cártel del Golfo y después de manera independiente, lograron el monopolio regional de la mayor parte de las actividades delictivas en la región y pudieron generar una red de intereses con actores locales, lo cual fortaleció su posición en la zona. Es importante señalar la cooptación de las autoridades locales del norte de Coahuila por parte de los Zetas, lo cual les garantizaba cierta protección en sus operaciones.”
‘LA MASACRE DE ALLENDE’: UN ACONTECIMIENTO QUE MARCÓ A COAHUILA Y QUE OCURRIÓ DURANTE VÍNCULOS CON MADURO
La acusación estadounidense se presenta en un contexto histórico en el que Los Zetas estuvieron vinculados a hechos como la Masacre de Allende, registrada entre el 18 y 20 de marzo de 2011 en Coahuila, crimen en el que participaron integrantes del grupo criminal y elementos de la Policía Municipal.
De acuerdo con información periodística, la agresión habría sido consecuencia de sospechas internas por presunta colaboración de miembros del grupo con la DEA, lo que derivó en secuestros, desapariciones y ejecuciones masivas en la región.
Durante esas jornadas, comandos armados irrumpieron en ranchos, viviendas y negocios, privando de la libertad a decenas de personas. Algunos reportes señalan al menos 42 víctimas, mientras otras investigaciones han mencionado cifras de hasta 300 personas, debido a que muchas permanecen en calidad de desaparecidas
ACUSACIONES RELACIONADAS CON EL ENTORNO CERCANO A NICOLÁS MADURO
Las investigaciones incluyen grabaciones atribuidas a la DEA sobre presuntas reuniones en las que familiares de Cilia Flores y Nicolás Maduro habrían negociado envíos de droga desde el “hangar presidencial” de Caracas. En ese contexto, se describe un acceso directo a recursos y protección estatal.
La acusación formal del Distrito Sur de Nueva York plantea que estas prácticas configuraron “un sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”.
DESIGNACIÓN DEL CÁRTEL DEL NORESTE COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero de 2025 al Cártel del Noreste (CDN), sucesor de Los Zetas, como organización terrorista extranjera (FTO), en medio de un reforzamiento de las acciones legales y de seguridad contra organizaciones trasnacionales del narcotráfico.
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CARGOS FORMALES CONTRA NICOLÁS MADURO Y ALLEGADOS
En el programa de Carmen Aristegui, transmitido el 4 de enero de 2026, Manuel de Santiago detalló los cuatro cargos principales que enfrentarían Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores:
1. Narcoterrorismo y conspiración para cometer narcoterrorismo
2. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
3. Posesión, uso e importación de ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados al narcotráfico
4. Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos para promover delitos de narcotráfico
Además de penas de prisión, Estados Unidos busca el decomiso de bienes presuntamente derivados de estas actividades, incluyendo “activos sustitutos” cuando los recursos no puedan localizarse.
“El objetivo de la fiscalía además de las penas de prisión, Estados Unidos busca el decomiso de cualquier propiedad o ganancia obtenida directamente o indirectamente como resultado de estos delitos. Si los bienes no pueden ser localizados por haber sido vendidos transferidos o sacados de la jurisdicción, el gobierno buscará confiscar cualquier otra propiedad de los acusados.”
Según la información difundida, 22 agencias federales participaron en la recolección de material probatorio.
CONTEXTO GEOPOLÍTICO Y ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN EN OTROS PAÍSES
Antes de los hechos recientes relacionados con la captura de Nicolás Maduro, el columnista de VANGUARDIA MX, Víctor Manuel Sánchez Valdés, advirtió en agosto de 2025 que Estados Unidos podría optar por acciones unilaterales considerando su historial en operaciones internacionales.
En su análisis, Sánchez Valdés precisó que, desde la perspectiva del derecho internacional, Estados Unidos no puede intervenir militarmente en México, pero desde la teoría realista de relaciones internacionales, dicho país tiene la capacidad material para hacerlo si lo considerara necesario para sus intereses.
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UN EXPEDIENTE QUE APUNTA A UNA RED MULTINACIONAL
La acusación estadounidense describe que la cooperación entre funcionarios venezolanos y Los Zetas no se limitó al transporte de droga, sino que abarcó intercambio de armas, protección armada y lavado de dinero, incluyendo presunta participación de entidades estatales venezolanas.
El documento resume que “el ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas que operan con impunidad”.
Las investigaciones continúan su curso en tribunales federales, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados conforme a los procesos judiciales estadounidenses.
