Expertos aseguran que el caso de Rocha Moya dependerá más de decisión política que jurídica

Expertos en derecho internacional advirtieron que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es perfectible, pero en los términos actuales obliga a la entrega de las personas sin necesidad de presentar pruebas y con el simple hecho de solicitarlas como parte de un proceso penal.

Al participar en el panel Extradición contemporánea: eficacia penal y tutela de derechos, en el marco del cincuentenario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Javier Dondé Matute y Raúl Iruegas Álvarez coincidieron en que en casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, la decisión que tome el gobierno será política más que jurídica.

Dondé Matute, doctor en Derecho penal internacional y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado una buena respuesta a la solicitud de Estados Unidos, al decir que “es un tema de soberanía, nos tenemos que defender de las intromisiones de Estados Unidos y vamos a pedir pruebas”.

Sin embargo, consideró que en realidad la mandataria estaría ganando tiempo para dar espacio a una negociación con el gobierno del presidente Donald Trump.

”No sabemos qué esté pasando tras bambalinas. Se le prestó al gobernador con licencia una escolta para proteger su vida (...), no se le ha detenido formalmente, no está en un reclusorio, no tiene una especie de arraigo domiciliario, pero lo están siguiendo a todos lados. Ya también congelaron sus cuentas bancarias, lo cual también es otro indicio. Y por ahí estuvo circulando la acusación de Estados Unidos, la que formuló el gran jurado, y si nosotros leemos y hacemos un checklist de los requisitos para solicitar formalmente la extradición, que están en el Tratado de Extradición, ya se cumplen todos”, dijo.

Por su parte, Raúl Iruarte, doctor en Derecho penal, licenciado en Derecho con especialidad en Relaciones Internacionales y maestro en litigación en juicios orales, subrayó que el caso Rocha está supeditado a una decisión de carácter político, pero habría que revisar si el gobernador con licencia podría acudir al amparo.

Además, coincidió en que el Tratado de Extradición debe revisarse, pues implica la violación de los derechos humanos.Iruarte sostuvo que en el caso de Sinaloa, la presidenta “seguramente tiene los mejores asesores que le indicaron cómo podía dar cauce de salida a un bombazo que se presentó hace 20 días y que no ha parado”.

Dijo que aunque pareciera precipitada su respuesta a Estados Unidos, es acorde a los tiempos vertiginosos que vivimos, donde las redes sociales juegan un papel protagónico.