Gobiernos estatales encabezan quejas por extorsión: Coparmex
COMPARTIR
Un 37% del cobro realizado a los socios de la patronal que vivieron la extorsión, fue realizado por autoridades o personas que “aparentaban serlo”
CDMX.- En los primeros tres meses del 2026 se registraron 2 mil 925 víctimas de extorsión, lo que significa que en promedio diario hay 32.4 personas víctimas de ese delito, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.
Aunque existe una reducción marginal de 3.73% con respecto al mismo período del 2025, el líder de la Coparmex dijo que “seguimos en el segundo nivel más alto de víctimas de extorsión en los últimos 20 años, lo que tienen consecuencias devastadoras para personas y empresas”.
Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los “Resultados del Monitor de Seguridad del Primer Trimestre de 2026”, el líder del sindicato patronal afirmó:
”Lo que nos preocupa es que las quejas que hay en algunos estados es que la autoridad en aras de cumplir la ley se convierte en un extorsionador y esa es la queja de los empresarios y por los montos se convierte en el mayor de los extorsionadores, es el impuesto más alto que pagan las empresas”, explicó.
AUTORIDADES LIDERAN EXTORSIÓN
Explicó que aproximadamente un 37% del cobro, hecho a los socios de la Coparmex que vivieron la extorsión, fue realizado por autoridades o personas que “aparentaban serlo”.
Esto tiene que ver con que los municipios y estados “se ponen muy creativos” cuando inician los presupuestos anuales, emiten legislaciones, sobre todo en temas ambientales, porque al no haber una ley nacional y no homologarse las regulaciones, cada autoridad puede aplicar diferentes interpretaciones, y al final presuntos funcionarios son los que extorsionan en aras de hacer cumplir las nuevas leyes o iniciativas.
Agregó que “la extorsión es el mayor reclamo que hacen los empresarios, porque los pone de rodillas y provoca hasta el cierre del local”.
Dijo que 68.8% de las extorsiones que registran empresarios de la Coparmex son telefónicas y la mayor parte vienen de los reclusorios, a pesar de que la legislación pide poner inhibidores en los centros de readaptación social. Por lo que pidió se aplique la ley y comentó que esperan que con el registro de líneas celulares dejen de operar los teléfonos que operan en los reclusorios.
EL 97% DE LAS EXTORSIONES NO SE DENUNCIAN
Sierra Álvarez comentó que “los datos oficiales apenas muestran una parte del problema”, el INEGI dice que 97% de extorsiones no se denuncia, en otras palabras, las estadísticas del secretariado ejecutivo solo reflejan 3% de los delitos que ocurren.
”Detrás de cada caso existen decenas de víctimas que nunca denuncian, por dos razones por miedo a represalias o por falta de confianza a la autoridad”, detalló el empresario.
Todo ello impide ver la magnitud del problema, de lo que significa extorsión y aún con ese subregistro las cifras son alarmantes.
Añadió que “la confianza no se decreta” y afirmó que las inversiones buscan certeza jurídica, acceso a la energía y seguridad.
Dio a conocer que la Coparmex lanza su “Índice de extorsión Coparmex” con el cual darán seguimiento por estado, considerará la cifra oculta y la percepción.
MORELOS ENCABEZA LISTA DE EXTORSIÓN
El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Jorge Peñuñuri, dijo que la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes muestra que Morelos encabeza la lista, le sigue Zacatecas, Colima y la Ciudad de México.
Pidió trabajar en concretar la homologación de los códigos penales a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de extorsiones, porque faltan aún cinco entidades por cambiar sus códigos.
Por su parte, la Directora de Análisis y Propuestas de la Coparmex, Mylene Cano de la Fuente, dijo que las entidades con mayor riesgo de extorsión son Morelos, Tabasco y Zacatecas.
Lo anterior es tomando los datos del Índice de extorsión Coparmex tendrá como fuentes a organismos oficiales como lo es el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que se tomará en cuenta la cifra oculta de delitos y el daño subjetivo sobre la calidad de vida de las personas.