Hijos del líder sindical de Pemex vendieron diésel a Sedena y al IMSS por más de mil 600 mdp
Una investigación documenta que los hijos del dirigente del sindicato petrolero vendieron a dependencias clave, mediante contratos directos y redes empresariales
CDMX.- Una investigación señala que los hermanos Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, hijos del dirigente del sindicato de trabajadores de la Petróleos Mexicanos (Pemex), vendieron diésel a entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante contratos que sumarían al menos mil 614 millones de pesos.
La investigación de “N+”, detalla que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los Aldana obtuvieron 42 contratos por adjudicación directa con la Sedena, los cuales representaron un monto de unos mil 557 millones de pesos, lo que los convierte en los mayores beneficiarios de suministro de combustible en ese periodo.
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Para disimular su participación directa, los hermanos habrían utilizado una estructura empresarial: celebraron un contrato de asociación en participación entre su firma -Estrategias Energéticas y de Distribución SAPI- y otra empresa, Gas Azul de Nogales SA de CV, a la que se adjudicaron los contratos con Sedena. Fuentes del medio revelaron que ambas compañías comparten domicilio fiscal y vínculos societarios.
El esquema también alcanzó al IMSS. A través de otras empresas controladas por los Aldana, como GMR Energéticos, obtuvieron contratos para suministrar diésel al Hospital General Regional número 12. En algunos casos, estas firmas incluso “compitieron” entre sí -aunque en los hechos pertenecen al mismo grupo familiar- lo que, de acuerdo con la investigación, busca simular competencia.
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El reporte afirma que este patrón de adjudicaciones irregulares evidencia una práctica de “revenda de combustible” con recursos públicos, lo que ha desatado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, tráfico de influencias y evasión fiscal en perjuicio del Estado y de la transparencia de contratos públicos.
El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre los sindicatos, la industria petrolera estatal y los negocios privados de sus dirigentes o allegados, y plantea exigencias de investigación profunda por parte de autoridades federales y organismos de fiscalización. Con información de N+
