Lavado de dinero en la banca: apenas la punta del iceberg

El señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de 194 millones de dólares para cárteles mexicanos destapó una realidad que va mucho más allá de tres nombres: ese monto representa apenas el 0.036% del total que se calcula se ha lavado en los últimos 12 años.

De acuerdo con estimaciones de Global Financial Integrity (GFI), entre 2013 y 2024 se han lavado en el país entre 216 mil y 528 mil millones de dólares, en su mayoría provenientes del narcotráfico, la corrupción y otras actividades del crimen organizado. Las investigaciones abiertas por autoridades mexicanas no reflejan ni remotamente esta magnitud.

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México figura de forma recurrente entre los 10 países con mayor riesgo de lavado de dinero en el mundo, según el Índice de Basilea, que evalúa a más de 150 naciones con base en su capacidad institucional, controles financieros, niveles de corrupción y cooperación internacional. En dicho ranking, México obtuvo una puntuación de 6.24 sobre 10, lo que refleja una alta vulnerabilidad sistémica.

De acuerdo con el GFI, cada año se lavan en México entre 18 mil y 44 mil millones de dólares. Este dinero circula por el sistema financiero a través de operaciones estructuradas, empresas fachada, testaferros y servicios legales que maquillan su origen.

Pero además de la magnitud del problema, preocupa su profundidad estructural.

El pasado jueves, VANGUARDIA publicó que el abogado experto en prevención de lavado de dinero, Salvador Mejía, alertó sobre una situación todavía más grave: la infiltración del crimen organizado en áreas jurídicas de los propios bancos, donde presuntamente hay operadores que facilitan o encubren operaciones sospechosas.

“Sí hay presencia de estructuras del narcotráfico dentro de bancos en México. No es exageración. Incluso en áreas jurídicas de instituciones top”, dijo Mejía en entrevista con Adela Micha, en La Saga. Añadió que existen redes de empleados bancarios que han sido cooptados, voluntaria o involuntariamente, para permitir el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero.

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Y sin embargo, la impunidad predomina. El marco legal mexicano, encabezado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), establece la obligación de reportar operaciones inusuales, pero en la práctica menos del 1 por ciento de esos reportes termina en acciones judiciales.

Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que los bancos reportan miles de operaciones sospechosas cada mes. Sin embargo, la mayoría son clasificadas sin seguimiento, o quedan atrapadas en procesos judiciales lentos, opacos o manipulables.

La debilidad institucional mexicana ha sido documentada también por organismos internacionales como el Basel Institute on Governance y la Financial Action Task Force (FATF), que coinciden en señalar que las sanciones impuestas en México no son ni proporcionales ni disuasivas.

“No hay nada más fácil en México que lavar dinero”, dijo Mejía en la entrevista con La Saga.

El Código Penal Federal establece penas de 5 a 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el decomiso de bienes, pero las sentencias son excepcionalmente raras.

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló en 2020 que en 13 años se abrieron mil 632 averiguaciones por lavado de dinero y las autoridades mexicanas solamente lograron sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión”, se sostuvo en la investigación periodística.

¿VAN POR MÁS BANCOS?

El caso de HSBC, en el que se lavaron más de 800 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, terminó con una multa impuesta por Estados Unidos, pero sin una sola acusación penal en México.

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En el caso de CIBanco, Vector e Intercam, la CNBV asumió el control temporal de sus operaciones el 26 de junio, tras las acusaciones del Departamento de Justicia. Sin embargo, no se han dado mayores detalles sobre las indagatorias que se siguen.

El SAT y la UIF han detectado, en los últimos años, operaciones sospechosas en sectores como la construcción, los casinos, el turismo, el comercio informal y las gasolineras, todos ellos frecuentemente utilizados como lavadoras de dinero ilícito. Pero sin consecuencias legales.

En el caso de los bancos, la periodista Peniley Ramírez publicó este sábado en su columna en Reforma, que dentro de los expedientes judiciales en Estados Unidos contra Genaro García Luna se mencionan transacciones que hizo con más bancos, tanto mexicanos como internacionales.

“En la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en Miami sí se mencionaron pagos de sobornos. En octubre de 2022, México presentó una lista de transacciones que salieron de Nunvav, empresa clave en el caso de los sobornos. El dinero salió de México desde BBVA Bancomer y CIBanco, se lee en la lista, y llegó a una sucursal en Barbados del Occidental Bank, un banco colombiano. Allí se concentraron más de 600 millones de dólares. Curiosamente, Fincen no ha actuado contra ese banco colombiano.

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“En los documentos judiciales de 2022 no se menciona a Vector, aunque sí se detallan pagos que llegaron a García Luna. El exfuncionario los recibió en cuentas en Bank of America. Salieron de Chase y llegaron también a Iberiabank y Sabadell.

“La primera mención de Vector en el caso, como publicaron Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Reforma, ocurrió en 2024. En ese otro documento, se menciona a Vector como uno de muchos bancos que participaron con transacciones o cuentas asociadas al caso García Luna. Hay allí 72 cuentas de Banamex, 54 de BBVA, 25 de Banco Mercantil del Norte, 16 de Monex, 16 de Banorte, 7 de CIBanco, 7 de Santander, 6 de Scotiabank, 5 de HSBC, 4 de Inbursa, 2 de Banco del Bajío y 2 de Multiva, una de Banca Afirme, una de Banregio, una de Credit Suisse y una de Intercam”, escribió Ramírez en su columna.

LO QUE SE NECESITA

En este contexto, el reporte más reciente del Basel Institute recomienda a México fortalecer la autonomía de la UIF, garantizar auditorías independientes, aumentar sanciones administrativas y penales, y colaborar activamente con organismos internacionales.

Las alertas también llegan desde el exterior. Calificadoras internacionales han comenzado a cuestionar la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano, lo que podría traducirse en restricciones para bancos que operan en mercados internacionales si el país no actúa con firmeza.

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“He estado en comunicación con muchas personas en Estados Unidos, muchos colegas, y la opinión es la misma: ‘Vamos a cumplir uno con la ley y vamos a evitar tener relaciones con estos bancos’. Y dos, ‘es nuestro derecho, es nuestro privilegio el poder decir si queremos ir más lejos y no tener relaciones con personas o empresas que han tenido que ver con estas instituciones financieras’”, dijo Mejía en otra entrevista con MVS Noticias.

En suma, el caso de los 194 millones de dólares presuntamente lavados por tres bancos mexicanos no es un hecho aislado. Es apenas la punta del iceberg de un sistema donde cada año se lava, sin mayor consecuencia. Con información de La Saga, El Economista, MVS Noticias, Reforma y MCCI