Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo
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Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez fueron vinculados a proceso junto a Ernesto Ruffo por el caso de presunto huachicol fiscal
La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos también involucra a los empresarios Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez, quienes, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), habrían desempeñado un papel relevante dentro de la estructura corporativa presuntamente utilizada para las operaciones investigadas.
Aunque la FGR identifica a Ruffo Appel como uno de los principales integrantes de la presunta red, la investigación también ubica a los hermanos Thompson como parte del entramado empresarial que, según la autoridad, facilitó la importación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos mediante diversas sociedades mercantiles.
La vinculación a proceso de los ocho imputados fue confirmada el 23 de julio, luego de que un juez federal considerara que existían datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
LA INVESTIGACIÓN UBICA A LOS THOMPSON DENTRO DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
De acuerdo con el expediente citado por Proceso, Ricardo Thompson Navarro es señalado por la FGR como una pieza funcional dentro de la organización investigada, aunque sin desempeñar funciones de administración directa.
La orden de aprehensión refiere que el empresario estaba vinculado a la red empresarial utilizada como soporte operativo de la organización, principalmente mediante su participación en sociedades relacionadas con Ingemar S.A. de C.V., empresa identificada por la Fiscalía como el eje central del presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
Según el documento judicial, su intervención se habría dado a través de diversas personas morales que permitieron estructurar un modelo corporativo con una unidad de mando y una distribución formal de responsabilidades.
EMPRESAS CREADAS DESDE 1993 APARECEN EN LA INVESTIGACIÓN
Los registros públicos consultados por Proceso indican que en 1993 Ricardo Thompson Navarro constituyó la empresa Servicios Portuarios S.A. de C.V. en Ensenada, Baja California, junto con Ricardo Thompson Ramírez y María Lizete Guiza Legaspy.
Originalmente dedicada a infraestructura portuaria y almacenamiento de mercancías, la empresa amplió su objeto social el 15 de noviembre de 2018 para incorporar actividades relacionadas con el almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como la construcción y operación de terminales intermodales, parques industriales y otras instalaciones vinculadas al sector energético.
La modificación fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019.
Posteriormente, el 7 de noviembre de 2008, los empresarios constituyeron Dragados y Puertos S. de R.L. de C.V., también en Ensenada.
Esta empresa nació con actividades enfocadas en infraestructura marítima y portuaria, aunque en enero de 2024 amplió igualmente su objeto social para incluir la comercialización, transporte y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo.
En esa misma asamblea, Ricardo Thompson Navarro fue designado gerente general de la compañía.
INGEMAR, EMPRESA CONSIDERADA EJE DEL PRESUNTO ESQUEMA
La investigación federal también identifica a Ingemar S.A. de C.V. como la empresa central del presunto esquema de contrabando de combustibles.
La sociedad fue creada el 9 de agosto de 2018 por José Merino Valdez Cuervo, quien previamente había sido nombrado apoderado legal de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.
En su integración inicial participaron Valdez Cuervo como presidente del consejo; Ricardo Thompson Ramírez como secretario; Ricardo Thompson Navarro como vocal; y Yolanda Navarro Sámano como comisaria.
Meses después, en octubre de 2018, Ingemar amplió su objeto social para prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, recibir combustibles en puntos de recepción, conservarlos y operar terminales ferroviarias de carga.
ERNESTO RUFFO INGRESÓ COMO ACCIONISTA EN 2021
Según la documentación mercantil, fue hasta el 19 de noviembre de 2021 cuando Ernesto Ruffo Appel ingresó formalmente como accionista de Ingemar.
En esa asamblea extraordinaria aumentó el capital social de la empresa y Ruffo adquirió 30 mil acciones, además de ser nombrado secretario del Consejo de Administración.
José Merino Valdez Cuervo permaneció como presidente del consejo, mientras que Dragados y Puertos y Servicios Portuarios conservaron participación accionaria dentro de la empresa.
La FGR sostiene que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos contribuyeron presuntamente a la adquisición y manejo de petrolíferos sin contar con los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de Energía (Sener).
MEGAPERMISOS DE IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES
La investigación también refiere que en diciembre de 2023 la Secretaría de Energía otorgó a Ingemar cuatro permisos para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y diésel.
De acuerdo con Proceso, dichos permisos representaban un volumen considerablemente mayor al que normalmente recibían otras empresas del sector, cuyos autorizaciones oscilaban entre 60 y 100 millones de litros.
Los permisos estuvieron vigentes hasta diciembre de 2024, antes de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en los reportes aduanales relacionados con la empresa.
THOMPSON NAVARRO SE DESLINDÓ DE LAS OPERACIONES
Ricardo Thompson Navarro ha rechazado públicamente las acusaciones y afirmó que en 2021 fue desplazado de la empresa Ingemar por Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo.
Según sus declaraciones, pasó de controlar aproximadamente el 33 por ciento de las acciones a conservar menos del uno por ciento de participación.
Asimismo, solicitó que las autoridades investigaran al exgobernador por las operaciones realizadas posteriormente por la empresa.
No obstante, la FGR señala que, conforme a los registros públicos, Thompson Navarro continuó apareciendo como socio de Ingemar con una participación cercana al 12 por ciento.
LA FGR ATRIBUYE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Respecto a Ricardo Thompson Ramírez, la Fiscalía sostiene que su calidad de accionista en Servicios Portuarios y Dragados y Puertos implicaba la obligación de supervisar las actividades de Ingemar.
En su solicitud de orden de aprehensión, el Ministerio Público Federal señala que su participación se enmarca dentro de un esquema de coautoría funcional al intervenir desde el ámbito corporativo en la estructura empresarial que, presuntamente, permitió la introducción ilegal de hidrocarburos al país y la evasión de contribuciones fiscales.
En el caso de Ricardo Thompson Navarro, la institución reconoce que no desempeñaba funciones administrativas dentro de la organización, pero sostiene que mantenía vínculos directos con las empresas utilizadas como soporte operativo para las actividades investigadas, razón por la cual fue incluido entre las personas vinculadas a proceso dentro de la causa penal relacionada con el presunto esquema de huachicol fiscal.
