Pactan Federación y gobernadores Acuerdo Nacional contra la Extorsión
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Buscan unificar labores para eficientar la lucha contra el único delito de alto impacto que se mantiene al alza en México
El Gobierno de México y los 32 mandatarios estatales avalaron el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de unificar el combate al único delito de alto impacto que se mantiene con una tendencia creciente.
Durante la celebración del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, presentó la nueva etapa de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que se lanzó un julio de este año.
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“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, aseguró García Harfuch.
El funcionario federal explicó que el pacto contempla armonizar las leyes estatales, así como crear o robustecer unidades especializadas en las fiscalías estatales, homologar los procesos con un manual nacional de actuación y reforzar la operación del número 089 para consolidar la atención de denuncias.
Desde el arranque del plan nacional contra la extorsión, se han recibido más de 102 mil llamadas al 089 y más de 600 personas han sido detenidas por extorsión en 22 estados.
García Harfuch dijo que la coordinación entre la Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales ha sido vital para la ejecución de más de 38 mil 700 detenciones por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses del gobierno federal, junto con el aseguramiento de más de 20 mil armas y 311 toneladas de droga.
Durante la sesión también se revisaron avances en materia de profesionalización policial, homologación de academias, certificación de áreas de inteligencia e investigación y actualización de lineamientos de número telefónicos de emergencias.
También se reportaron nuevas metodologías del Sistema Nacional, como la medición diaria de homicidios dolosos y la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Finalmente, en la sesión se avalaron los criterios para la operación de fondos federales de seguridad y justicia, como es el caso del FASP, FOPISP y FORTAMUN, buscando fortalecer capacidades estatales y ordenar la aplicación del gasto.