Pensiones, sobornos y Los Chapitos: nuevos señalamientos contra Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa
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La publicación cuestiona pensiones, ingresos millonarios y presuntos sobornos ligados a funcionarios de Sinaloa y Los Chapitos
El nombre de Rubén Rocha Moya continúa en el centro del debate público luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara presuntamente por mantener vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. A estas acusaciones se sumaron nuevos señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción y el origen de algunas percepciones económicas del mandatario sinaloense.
La periodista Lourdes Mendoza publicó una columna titulada “Las pensiones del bienestar de Rocha Moya y sus cómplices”, en la que cuestiona las pensiones que recibe el gobernador con licencia, así como los ingresos y patrimonios de otros funcionarios vinculados con el gobierno estatal.
En el texto, Mendoza hace referencia a documentos relacionados con el caso identificado como “S9 23 Cr. 180 (KPF)” en Estados Unidos, en el que, según expone, se describe una presunta conspiración entre integrantes de Los Chapitos y funcionarios del gobierno de Sinaloa.
“La acusación del fiscal de Distrito de NY vino a confirmar lo que los mexicanos, pero sobre todo los sinaloenses, ya sabíamos: Rocha Moya es un narcopolítico”, escribió la periodista.
ROCHA MOYA RECIBE TRES PENSIONES, INCLUYENDO UNA DEL IMSS
En su publicación, Lourdes Mendoza pone énfasis en las pensiones que recibe Rubén Rocha Moya y señala que el mandatario percibe tres pagos distintos: una pensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por viudez y una más del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La periodista cuestionó particularmente la existencia de una pensión proveniente del IMSS, al señalar que la trayectoria laboral de Rocha Moya habría estado enfocada en el sector público.
“Pues lo que seguro no saben es que Rocha Moya, probablemente, es el hombre que mejor ha entendido el sistema de seguridad social en la historia de México. Así como lo están leyendo. Pues cobra tres pensiones: una de la UAS, otra del ISSSTE (por viudez) y una más del IMSS”, escribió.
Asimismo, agregó que las percepciones anuales por concepto de pensiones ascenderían a aproximadamente 1.5 millones de pesos y planteó interrogantes sobre el origen de dichos ingresos.
“Lo curioso, por decirlo de alguna manera, no es que reciba 1.5 millones de pesos anuales solo de pensiones, sino que una de ellas es del IMSS, cuando toda su vida laboral ha sido en el sector público. ¿Camuflaje de sobornos?”, señaló Mendoza.
OTROS FUNCIONARIOS CON INGRESOS INJUSTIFICABLES
La columna también menciona a otros funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa que presuntamente habrían sido señalados en investigaciones estadounidenses.
Entre ellos se encuentra Enrique Inzunza Cázarez, de quien la periodista afirmó que reportó ingresos por más de 2 millones de pesos en 2023, de los cuales más de 1.6 millones corresponderían a jubilaciones (135,000 pesos mensuales, promedio).
Mendoza cuestionó que el tiempo laborado por Inzunza Cázarez en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, 13 años y 10 meses, no sería suficiente para justificar el monto de la pensión reportada. También hizo referencia a la adquisición de vehículos y a la existencia de un seguro de vida denominado en dólares estadounidenses.
“En 2024 (enero a agosto), se hace bolas con las cuentas, porque la jubilación baja drásticamente a un promedio de 39,487 pesos mensuales. Casualmente, Inzunza registró la compra de dos vehículos de contado: un Land Rover 2014, adquirido el 14 de junio de 2022 por 350,000 pesos, y un GMC 1970, adquirido el 7 de julio de 2023 por 100,000 pesos. Y mantiene un seguro de vida con Grupo Nacional Provincial (GNP) denominado en dólares estadounidenses.”
Otro de los nombres mencionados es el de Enrique Díaz Vega, quien, según el texto, habría sido acusado de entregar información de opositores políticos a integrantes del crimen organizado.
La periodista también señaló que Díaz Vega habría reportado propiedades con valor superior a los 100 millones de pesos, así como una red empresarial activa. Todo esto lo atribuye a sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas): Presuntamente entregó nombres y direcciones de oponentes políticos a Los Chapitos para que fueran amenazados y forzados a abandonar la contienda electoral... Entonces, el dinero no era su objetivo, sino la viabilidad operativa con la protección de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa.”
PRESUNTOS PAGOS Y ‘NÓMINAS DEL CÁRTEL’
La publicación hace referencia a documentos que, según Mendoza, formarían parte de investigaciones federales estadounidenses relacionadas con presuntos pagos realizados por el crimen organizado a funcionarios públicos y mandos policiales.
Entre los nombres citados aparece Dámaso Castro Saavedra, quien, de acuerdo con la columna, habría recibido sobornos mensuales de 385 mil dólares para proteger a integrantes del cártel y filtrar información sobre operativos.
Asimismo, se mencionan mandos policiales como Marco Antonio Almanza, Alberto Contreras, Gerardo Mérida y José Hipólito, quienes presuntamente habrían recibido recursos económicos a cambio de facilitar operaciones delictivas, liberar detenidos o alertar sobre cateos y redadas.
De acuerdo con las acusaciones, Marco Antonio Almanza recibió 960,000 USD; Alberto Contreras, 624,000 USD; Gerardo Mérida habría recibido al menos 1.2 mdd, y José Hipólito, 864,000 USD, aproximadamente, del crimen organizado.
La periodista también mencionó al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien recibió más de 470 mil dólares, así como a Juan Valenzuela Millán con 41 mil dólares; quienes supuestamente habrían sido señalados por poner a corporaciones municipales al servicio de grupos criminales desde 2018 hasta 2024.
LISTAS FINANCIERAS SON PIEZAS CLAVE PARA INVESTIGACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
En su texto, Lourdes Mendoza retomó declaraciones realizadas anteriormente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre documentos relacionados con presuntas contabilidades de grupos criminales.
La periodista sostuvo que los llamados “papelitos” o listas financieras suelen ser utilizados como elementos relevantes dentro de investigaciones federales en Estados Unidos.
Según explicó, estos documentos contendrían registros de pagos mensuales, alias y estructuras de operación vinculadas con presuntos sobornos entregados por organizaciones criminales a funcionarios y mandos de seguridad.
Mendoza afirmó que, de acuerdo con el expediente estadounidense, las listas habrían sido recuperadas durante investigaciones en México y vinculadas con operadores del Cártel de Sinaloa.
OPERACIONES FINANCIERAS DEL CRUZ AZUL TAMBIÉN SON MENCIONADAS
En la parte final de su columna, la periodista hizo referencia a presuntas operaciones financieras relacionadas con la cooperativa Cruz Azul y mencionó a Víctor Velázquez, así como a Rafa Anzures y María Alejandra Velázquez.
“No bastó con los 50 mdd de coque que pagó “la señorita de los tokens”, María Alejandra Velázquez, con la firma de “Rafa” Anzures, del que faltó que les entregaran 20 mdd de producto y que, por inconformarse, puso a Juan Manuel Briseño en prisión preventiva por un caso fabricado.”
La publicación señala presuntos contratos millonarios y asesorías relacionadas con operaciones financieras y menciona también una empresa estadounidense identificada como Bobth Trading LLC.
“Como lo di a conocer en exclusiva en mi red social de X, Anzures se estrenó como abogado personal de Víctor Velázquez en la cooperativa, con un contrato de 2.5 mdd y múltiples facturas millonarias. Y otro más por asesorías con valor de siete millones de pesos más IVA.”
“También revelé en exclusiva que Víctor Velázquez tiene a su hija Renata en la Suprema Corte, enquistada con Loretta Ortiz, y el CEO de Cruz Azul tiene a dos ministras y tres fiscales a sus órdenes.”
Además, Mendoza aseguró que continuará revelando información sobre estos temas y concluyó señalando que aún existen diversos aspectos pendientes por esclarecer en torno a las investigaciones y los señalamientos públicos relacionados con funcionarios, empresarios y el crimen organizado.
