Prevén más costos por nuevas reglas de la reforma a la ley antilavado

Si bien las nuevas reglas de la reforma a la ley antilavado, que la Secretaría de Hacienda publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación, representan un paso adelante, no darán frutos inmediatos, ya que serán de aplicación gradual, dijeron analistas.

Señalaron que empresas y profesionistas con actividades vulnerables deberán prepararse, pues las medidas representan un mayor costo económico y regulatorio.

Tendrán que contar con mecanismos automatizados a más tardar el 1 de junio del próximo año, conservar expedientes, consolidar operaciones por cliente, alimentar la metodología basada en riesgos, generar alertas para clientes cuando se trate de Personas Políticamente Expuestas (PEP), listados de sanciones y monitorear efectivo y metales preciosos.

El objetivo, dijeron, es una mayor efectividad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Mencionaron que están dirigidas a los casinos, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos, servicio de blindaje, traslado de valores, operación con activos virtuales y otros sectores no financieros.

Incluye a organizaciones que reciben donativos y profesiones como abogados, contadores, notarios y agentes aduanales, quienes deberán reforzar los controles para evitar ser usados en blanqueo de dinero.

La red de servicios profesionales Deloitte destacó que la reforma a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, modifica sustancialmente el estándar de cumplimiento aplicable a quienes realizan actividades vulnerables.

Significa, explicó, que dejarán de concentrarse principalmente en integrar expedientes y presentar avisos como actualmente están obligados a entregarlos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahora deberá acreditarse un sistema permanente de gestión de riesgos, conocimiento y monitoreo del cliente, identificación del beneficiario controlador, capacitación, tecnología y auditoría.

Datos de la UIF revelan que estos sujetos obligados enviaron más de 5 millones de avisos antilavado en el primer semestre contra 8.4 millones en igual periodo de 2025.

Se trata de los reportes que sirven para que la UIF pueda iniciar investigaciones de posibles casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o bloquear cuentas.

Calidad, no cantidad

Sin embargo, ahora deberán elevar el nivel de calidad de dichos avisos, para dar mejores resultados ante organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos.

Van en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que este año lleva a cabo una evaluación de cumplimiento de México, dijo la especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Silvia Matus.

Las nuevas reglas, que se esperaban en julio, representan un avance, pero siempre es perfectible, manifestó a EL UNIVERSAL.

Dijo que no todas las actividades vulnerables están preparadas, porque implican inversión en tecnología y capacitación. Es decir, tiempo, dinero y esfuerzo, pero deberán cumplir por ser parte acciones del GAFI.

Activos virtuales

Algo destacable, indicó, es que se regula por primera vez a los proveedores de servicios de activos virtuales por la custodia, intermediación y el intercambio.

Deberán darse de alta y reportar operaciones que superen las 210 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por monto o cuya comisión supere las 4 unidades.

Se introduce la regla conocida “de viaje” para operadores de activos virtuales para verificar la información de quién los envía y recibe con trazabilidad de 10 años.

La entrega de esa información será a partir del 30 de mayo de 2027, de acuerdo con las nuevas reglas.

Se amplía la definición de las PEP a altos funcionarios, familiares hasta segundo grado y asociados, y se pide mantener la calidad de esta categoría nacional durante un año tras dejar el cargo.

Clasificación

Van a clasificar a sus clientes con base a tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto) según las operaciones, actos, tipo de cliente, geografía y canales, así como un perfil transaccional y alertas.

Incluye elaborar un Manual de Políticas Internas con 14 contenidos mínimos, realizar una auditoría anual con dictamen, un programa de capacitación y selección de personal explicó Matus.

También, detalló, se suman otras obligaciones operativas cotidianas como consultar el buzón electrónico, dar aviso de 24 horas ante casos de sospecha y tener un nuevo orden de prelación para el beneficiario controlador.

Para la profesión contable, dijo que hay impacto al prestar de forma independiente los servicios previstos como actividad vulnerable.

Como asesor, al diseñar metodologías de riesgo y manuales para terceros obligados, y como auditor externo del nuevo dictamen anual, función sujeta a certificación e independencia.