Propone INE regular campañas anticipadas rumbo a 2027 con sanciones millonarias

En una nueva propuesta para fiscalizar la promoción anticipada de quienes buscan una candidatura en 2027, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) plantean lineamientos para los aspirantes que desean hacer proselitismo antes de los tiempos oficiales.

La propuesta del consejero Jorge Montaño, respaldada por el bloque de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pide exigir al partido y contendientes informes sobre el origen y destino de los recursos que usen los aspirantes en sus procesos internos.

De no entregarlos, impondría sanciones económicas e incluso la cancelación de la candidatura si la ganan.

Desde hace 15 días, Morena arrancó su proceso interno para definir a sus candidatos a 17 gubernaturas, disfrazados de “coordinadores estatales de la 4T”.

Sin embargo, en el INE el bloque mayoritario no ha emitido lineamientos para fiscalizar dichos procesos, pues ayer estaba contemplado reiniciar el debate, pero no se logró porque Montaño no asistió a la sesión privada de consejeros.

Hasta el momento se desconoce si el proyecto se discutirá en su reunión privada de los martes o se subirá directamente a la mesa del Consejo General.

En su primera propuesta, que retiró de la mesa justo cuando se iba a votar el 27 de mayo, Montaño planteaba fiscalizar sólo a los aspirantes a la gubernatura. Ahora propone que sea a quienes buscan una candidatura a diputados federales y a todos los cargos locales.

Argumenta que los lineamientos “no crean una etapa electoral ni sustituyen la regulación legal de precampañas o campañas”, por lo que, si existen denuncias de actos anticipados, se investigará y se procederá.

También afirma que esos procesos “no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, en los hechos, sí lo hace, pues esos procesos internos no están contemplados en la legislación y se les da luz verde para efectuar actos muy similares a los de campaña, en los que buscan ganar la candidatura.

”No realizarán llamados al voto, directos o indirectos, a favor o en contra de algún partido político o persona”, indica la propuesta.

En el proyecto se detalla que, una vez aprobados los lineamientos por el Consejo General, los partidos que abrieron sus procesos tendrán cinco días para entregar las listas de aspirantes al INE, para que sean “vigilados”.

No se plantea un tope de gastos, pero se propone que los aspirantes aporten a su proselitismo hasta 3 millones 304 mil 893 pesos.

Mientras que militantes y simpatizantes podrán depositarles hasta 826 mil 223 pesos.

”De acreditarse actos anticipados de precampaña o campaña realizados por los partidos políticos o personas inscritas en el marco del desarrollo de los procesos políticos, los ingresos y gastos correlativos serán contabilizados para efectos de valorar cualquier posible rebase al tope de gastos de precampaña o campaña, según corresponda”, se advierte.

Los partidos nacionales y locales deberán presentar un informe sobre el costo de su proceso interno y deberán entregar un reporte de gastos por cada uno de sus aspirantes.

Plantea que, de omitir el informe, recibirán la sanción que se aplica a precandidatos o candidatos, es decir, una amonestación pública, una sanción económica por 5 mil UMAS o la cancelación del registro si se convierten en candidatos en el futuro.

En el documento de 26 páginas se afirma que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizará un monitoreo y lo comparará con los informes que se entreguen.