Revoca Corte fallo a Zaga y libra a Actinver de condena de 1,100 mdp
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Niegan condena de $1,100 millones contra Actinver; los ministros avalan que congeló fondos de Rafael Zaga por orden directa de la UIF
La Suprema Corte revocó una sentencia que condenaba al Banco Actinver a pagar mil 100 millones de pesos al empresario Rafael Zaga Tawil, preso en Estados Unidos por haber entrado sin visa.
El asunto deriva del caso de la empresa Telra Realty, a la que el Infonavit, en la gestión de Alejandro Murat y David Penchyna, indemnizó en 2017 indebidamente con 5 mil millones de pesos, y de la cual Zaga era socio junto con los empresarios André y Moisés El Mann Arazi, directivos también de Fibra Uno.
Por ocho votos a favor y uno en contra (del ministro Giovanni Figueroa), la Corte amparó a Actinver contra la condena dictada en diciembre de 2022 por un juzgado de la CDMX , que determinó que el banco actuó con dolo y mala fe al revocar los poderes de Zaga para disponer de recursos de un fideicomiso al que llegaron fondos del pago del Infonavit.
El juez había condenado al banco a pagar a Zaga mil millones de pesos por daños y perjuicios, y otros 100 millones más por daños punitivos; Sin embargo, la mayoría de la Corte concluyó que el banco actuó con base en una orden emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se incluyó a Zaga en la lista de personas que manejaban recursos de procedencia ilícita.
La orden de la UIF impidió cualquier disposición de recursos del fideicomiso por parte de Zaga, por lo que la Corte, a propuesta del ministro Irving Espinosa, pareció que el banco no actuó de manera arbitraria.
Del fideicomiso salieron los 2 mil millones de pesos que los El Mann regresaron en 2020 a la FGR para evitar una acusación penal por el caso Telra. En 2023, una jueza reabrió el caso y acusó a los El Mann de un presunto fraude y abuso de confianza por disponer de los fondos.
Además, Zaga acusó que André El Mann era miembro del Consejo de Administración de Actinver e influyó en la toma de decisiones para tomar de manera ilegal los fondos.
“Me parece un precedente que pone en riesgo a todos los usuarios de los servicios financieros y deja a las instituciones fiduciarias con la posibilidad de un proceder indebido en contra de los intereses patrimoniales” , dijo ayer Figueroa, el único que votó en contra.
