ONG le exige a la CPI mantener investigación de presos políticos en contra de Venezuela
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La administración presidencial de Delcy Rodríguez denuncia sesgo en contra de países latinoamericanos por parte de la CPI
El 25 de julio se reportó que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) ha exigido que Venezuela, cuyo gobierno es administrado por la presidenta Delcy Rodríguez, revierta su decisión de excluirse de la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión de Venezuela de finalizar su enlace con la CPI fue emitida por el canciller venezolano Félix Plasencia. La administración implementó una renuncia al Estatuto de Roma; según el gobierno venezolano, la CPI mantiene un ‘sesgo’ en contra de países africanos y latinoamericanos.
La autoexclusión de la CPI ocurre en plena investigación en contra de la administración chavista del entonces presidente Nicolás Maduro. La investigación estima que desde el 2017, aproximadamente, se han cometido severos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
‘Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron a la Corte porque los tribunales nacionales no investigaron ni sancionaron a los responsables’ aseguró la CLIPP.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) le solicitó a la Fiscalía Internacional mantener en curso las investigaciones, al menos, durante un año, antes que la salida de Venezuela se formalice en tribunal.
‘...al menos 500 personas siguen detenidas por motivos políticos y cientos de víctimas dependen de mecanismos internacionales para acceder a la verdad, justicia y reparación’ aseveró la CLIPP en contra de Venezuela.
La CPI aseguró que, previo a la fecha de terminación, el gobierno de Venezuela deberá cooperar con las investigaciones ya iniciadas, ya que seguirá siendo considerada como parte del organismo internacional.
