Presunto líder de red criminal frena a la FGR con amparo por inmueble asegurado
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Un juez federal ordenó preservar un inmueble asegurado a un presunto integrante de una red de tráfico de armas y combustible, mientras se resuelve un juicio de amparo
CDMX.- El empresario Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como integrante de una red de huachicol y tráfico de armas, promovió un juicio de amparo para que le sea devuelto un inmueble asegurado, el cual quedó bajo resguardo ministerial como parte de una investigación por delincuencia organizada.
El juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, concedió a Alberts Ponce una suspensión provisional, únicamente para el efecto de que la propiedad se conserve en el estado actual y no sea enajenada, rematada ni utilizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en tanto se resuelve el fondo del amparo.
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De acuerdo con la indagatoria identificada con la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025, Alberts Ponce, conocido como “Yoryi” o “Licenciado”, es señalado como uno de los principales operadores de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, con presencia en Querétaro y la Ciudad de México.
Las investigaciones federales establecen que el empresario se habría encargado de administrar empresas fantasma utilizadas para el tráfico y venta de armas a grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y La Unión Tepito.
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Entre las compañías que presuntamente operaba se encuentran Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (Seter), Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores, las cuales eran utilizadas para facturar servicios de seguridad y custodia.
Según la Fiscalía, Alberts Ponce también coordinaba el remarcado de armamento bélico, que posteriormente era distribuido a organizaciones criminales, además de gestionar licencias de portación a nombre de sus empresas de seguridad, con lo que buscaba impedir que sus operadores fueran detenidos en flagrancia.
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La indagatoria federal señala además que presuntamente participó en la obtención ilegal de inmuebles mediante despojo, identificando propiedades aparentemente abandonadas, donde introducían personas para resguardarlas, obtenían escrituras con apoyo de notarios y personal del Registro Público, y posteriormente solicitaban préstamos millonarios, dejando como garantía los bienes adquiridos de manera ilícita.
Derivado de estas operaciones, la FGR estima que el empresario logró reunir un patrimonio aproximado de 160 millones de pesos en bienes inmuebles.
Actualmente, Jorge Enrique Alberts Ponce cuenta con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos, mientras continúan integrándose las investigaciones en su contra. Con información de El Universal
