PRI y PAN piden a Sheinbaum investigar señalamientos de EU contra Rubén Rocha Moya
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La oposición pidió investigar y aclarar el caso, y planteó que el mandatario estatal se separe del cargo mientras avanzan las definiciones legales
CDMX.- Diputados del PRI y del PAN demandaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum investigue los señalamientos de la justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionado por cargos de narcotráfico junto con el senador Enrique Inzunza y funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, sostuvo que el gobierno mexicano debe pronunciarse sobre el tema. “Lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es resolver el tema de esas acusaciones. Tiene que pronunciarse el Estado mexicano, el gobierno de México, sobre estas graves acusaciones”, afirmó.
Rubén Moreira señaló que el caso confirma, dijo, advertencias previas de su partido sobre la situación en Sinaloa y pidió una aclaración pública. “El gobierno mexicano debe salir a aclarar lo que está pasando y el gobernador (Rocha) debería pedir licencia”, planteó.
Mario Zamora, diputado del PRI y originario de Sinaloa, afirmó que el caso debe revisarse con responsabilidad y sin descalificaciones anticipadas. “Al final del día la justicia tiene que llegar para todos... el gobierno mexicano tiene una responsabilidad... de investigar y de sancionar si alguien es culpable”, dijo.
El grupo parlamentario del PAN difundió un posicionamiento en el que afirmó que el asunto debe asumirse como una prueba para el gobierno federal en materia de colaboración con Estados Unidos. “Es evidente que en México (los narcotraficantes) tienen impunidad total...”, sostuvo el blanquiazul en su declaración.
El PAN calificó el caso como “una prueba de fuego” para definir si el gobierno federal extraditará o no a Rocha Moya y a personas solicitadas por cortes de Estados Unidos, y advirtió sobre lo que consideró un posible regateo en la cooperación.
PRI y PAN coincidieron en solicitar que el gobernador se separe del cargo, junto con los funcionarios vinculados, para enfrentar el proceso correspondiente, de acuerdo con lo expresado por ambas bancadas.
El planteamiento de la oposición se dio mientras el caso se instala en la agenda política y legislativa, con llamados a esclarecer los señalamientos y a fijar una postura institucional del Estado mexicano frente a las acusaciones difundidas desde Estados Unidos. Con información de La Jornada