Rechaza Ovidio Guzmán ser la persona que Estados Unidos busca

A dos meses de la aprehensión de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en la localidad de Jesús María, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, compareció ante un juez federal, donde se le notificó la petición formal de extradición que solicitó Estados Unidos, gobierno que busca a Guzmán por el tráfico ilegal de fentanilo.

Durante una videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, se llevó a cabo la audiencia inicial y, una vez que concluya, el hijo de “El Chapo” podrá promover un amparo para evitar que se le entregue a las autoridades estadounidenses.

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“No soy la persona que ellos creen, que reclama hoy Estados Unidos”, admitió, mientras su defensa hace lo posible para que se cancele el proceso de extradición.

Cabe reiterar que, al mismo tiempo, el narcotraficante cuenta con una orden de aprehensión liberada por un juez federal, con sede en Sonora, mientras permanece en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, de donde escapó su padre.

Entretanto, en Estados Unidos, tiene diversas acusaciones formuladas por la Corte de Distrito del norte de Illinois, y otras más por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su mayoría, son llamados de atención por el tráfico de metanfetaminas, cocaína y mariguana. Asimismo, suma declaraciones de testigos como Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, y su hijo “El Mini Lic”.

Igualmente, la Corte de Nueva York, misma que juzgó a Genaro García Luna, cuenta con otros tres testigos que señalan a “El Ratón” como líder del traslado de fentanilo al país vecino de México.

Son diversas las pruebas con las que las autoridades estadounidenses cuentan para lograr la extradición de Guzmán López, entre ellas, drogas incautadas, fotografías, dinero de sobornos, testimonios de agentes de la DEA y excolaboradores suyos y del Cártel de Sinaloa.

Se espera que la orden de extradición se resuelva en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con un plazo de hasta el 30 de marzo para analizar las pruebas contundentes.

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