SCJN invalida reformas de Nayarit, Durango y Guerrero y fija criterios para elección judicial 2027
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Nayarit, Durango y Guerrero deberán corregir mecanismos de evaluación, duración de cargos y reglas de operación bajo los parámetros nacionales
CDMX.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas constitucionales y normas de Nayarit, Durango y Guerrero al determinar que no se ajustan a la reforma judicial federal, con lo que fijó criterios nacionales rumbo a la elección judicial de 2027.
Entre los puntos anulados destacó el caso de Nayarit, donde la Corte invalidó el mecanismo de evaluación y aprobación de candidaturas mediante un Comité Estatal único, al considerar que contraviene el modelo de la Constitución federal, que prevé un comité por cada poder.
“Se aparta del modelo constitucional que prevé que cada uno de los poderes va a tener su propio Comité de Evaluación... Es inconstitucional, no puede haber un Comité Único de Evaluación, tiene que haber tres Comités”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La Corte también señaló la omisión del Congreso local de incorporar la insaculación y la paridad de género, conforme a las reglas que obligan a integrar listas —según el cargo— de entre seis y 10 personas por cada poder.
Los asuntos se analizaron mediante tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González.
En el caso de Durango, el pleno determinó que es inválido establecer que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial duren nueve años y no seis; además, declaró inválida la norma que preveía que las sesiones del Tribunal Superior de Justicia fueran privadas y excepcionalmente públicas.
“Ahora todo tiene que resolverse a puertas abiertas y de cara a la ciudadanía. Aquí la reforma prevé que excepcionalmente pueda hacerse de otra manera”, afirmó el ministro presidente.
Respecto de Guerrero, la SCJN invalidó el esquema previsto en su Constitución para designar, por única ocasión en 2027, la Presidencia del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, al concluir que el mecanismo no se ajusta a los parámetros del modelo federal vigente.
