Acero, aluminio y autos: el corazón del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum puso ayer sobre la mesa un tema crucial: durante una reunión privada con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, le planteó la necesidad de que ambos países alcancen un acuerdo en relación con las reglas para el acero, el aluminio y los automóviles, antes de que se realice el proceso formal de revisión del T-MEC.

Hay buenas razones para ello:

En primer lugar, está la necesidad de que nuestro país obtenga una suerte de blindaje frente al “proteccionismo de seguridad nacional”, al que ha recurrido la administración de Donald Trump desde que el neoyorquino regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

En efecto, la administración Trump ha echado mano –de forma abusiva, en opinión de no pocos conocedores del tema– de la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial para imponer aranceles de hasta el 50 por ciento al acero y aluminio de otros países, pretextando que se trata de un asunto “de seguridad nacional”.

En segundo lugar está el problema que representa la “regla del fundido y vertido”, una nueva exigencia impuesta por el gobierno de Estados Unidos –la cual entrará en vigor plenamente en el año 2027–, de acuerdo con la cual, para que el acero sea considerado “norteamericano”, debe haber sido fundido y vertido en la región.

En el caso de México, gran parte del acero procesado aquí proviene de insumos globales. Y sin un acuerdo previo, que otorgue flexibilidad a la aplicación de la regla, o plazos de transición, las exportaciones mexicanas de acero y aluminio quedarían fuera de las preferencias del T-MEC, perdiendo competitividad frente a productores estadounidenses.

Finalmente, está la denominada “regla de origen”, que afecta al sector automotriz, la cual constituye, para todo efecto práctico, el corazón del Tratado, al menos en lo que hace a Estados Unidos y México, pues a este sector corresponde el mayor flujo comercial entre ambos países.

Actualmente, la exigencia es que al menos el 75 por ciento del valor de un vehículo sea producido en la Región. México y Canadá ya ganaron un panel de resolución de controversias sobre cómo calcular este porcentaje, pero Estados Unidos se ha negado a implementarlo plenamente. Y sin un acuerdo previo al respecto, las reglas del juego no serán claras ni tampoco favorables para la industria automotriz mexicana. Además, con el acuerdo previo también se busca evitar que Estados Unidos utilice reglas de origen más estrictas como moneda de cambio para otros temas, como migración o energía.

Se trata de una apuesta relevante que importa al país, pero, sobre todo, a regiones como la nuestra, con una fuerte participación en la industria automotriz de exportación. Cabría esperar por ello que la iniciativa prospere y ello despeje el camino a una negociación menos tortuosa del T-MEC.