Agenda Coahuila Derechos Humanos 2017-2023, un ejemplo de política pública

Por José Ángel Rodríguez Canales

Han pasado poco más de 10 años desde que se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Desde entonces, la principal tarea del Estado mexicano ha sido la de construir un modelo constitucional de promoción, respeto y protección de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad y progresividad, en donde todas las autoridades del Estado están obligadas a velar por su cumplimiento y brindar a toda persona siempre la protección más amplia.

La reforma significó el cambio de paradigma más profundo de nuestra historia legal contemporánea. Su implementación no ha sido sencilla pues implica esfuerzos de largo aliento para su cumplimiento. Si bien existen retos y desafíos, es justo reconocer ejemplos y casos de éxito como el que a nivel política pública en derechos humanos sucede en nuestra entidad.

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El modelo Coahuila en derechos humanos ha logrado posicionarse como un referente nacional. La razón de ello es que se ha logrado conformar las acciones relativas a derechos humanos en una agenda de Estado integral.

En ella, las instituciones gubernamentales, sociedad civil, víctimas, organismos internacionales, académicos y expertos han generado en los últimos años una sinergia particular que prioriza el diálogo abierto y participativo en la atención de fenómenos sociales contemporáneos, tal como la migración, el desplazamiento forzado de personas, las personas refugiadas, la desaparición forzada, la atención a grupos vulnerables o los estragos del confinamiento que originó el COVID-19.

Como importante punto de partida, Coahuila cuenta con un Programa Estatal de Derechos Humanos medible y verificable por organismos internacionales el cual sirve como guía para planear, diseñar y presupuestar políticas públicas con un enfoque humanista, bajo las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia. Lo anterior, con la finalidad de señalar y remover todos aquellos obstáculos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las y los coahuilenses.

De igual forma, a iniciativa del Gobernador del Estado, en 2020 se aprobó en el Congreso local la reforma en materia de Derechos Humanos que dio origen a las Cartas de Derechos Civiles y Políticos, así como de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Estado, como un referente importante para la protección integral de los derechos fundamentales. Este marco legal es único en el país y profundiza a los derechos humanos como centro de la relación Estado-individuo.

Es justo destacar que durante la presente administración existen notables ejemplos de la operación de esta agenda integral en materia de derechos humanos. Entre los más importantes están los trabajos de la agenda de búsqueda de personas. Coahuila es de las pocas entidades que asumieron la tarea de integrar un órgano de interlocución con familiares de las víctimas, de carácter autónomo y profesional, para atender el fenómeno de la desaparición forzada.

A través del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT) en conjunto con colectivos de familias de las víctimas, académicos y expertos en la materia, el Gobierno del Estado ha impulsado una estrategia para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales en la materia, así como para armonizar las leyes que pretenden construir garantías eficaces para la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

Estas acciones gubernamentales han dado pie a que el Gobierno del Estado de Coahuila haya sido acreedor de distintos reconocimientos nacionales e internacionales, tales como el efectuado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de ONU-DH, y la directora de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad de USAID-México, Emily Wann, por la implementación de la reforma local en materia de derechos humanos.

Igualmente, el Gobierno ha recibido el reconocimiento del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas, por la implementación del convenio de colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para atender y mitigar el fenómeno de la migración y desplazamiento de personas por nuestro territorio, así como por la construcción del primer Centro Regional de Identificación Humana en el país.

Asimismo, el realizado por Olga Sánchez Cordero, entonces Secretaria de Gobernación federal y ahora senadora de la República, y Giovanni Lepri, asistente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, por las distintas acciones llevadas a cabo por el Gobierno en materia de ciudades solidarias, atención a migrantes y refugiados e inclusión de grupos vulnerables en el Plan Estatal de Derechos Humanos.

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La presencia de dichas autoridades en nuestro territorio ha sido constante y fundamental para consolidar estas acciones estructurales. Todo lo anterior sirve para posicionar a Coahuila como un referente nacional en la atención y seguimiento de una estrategia de derechos humanos, lo cual ha servido como modelo a seguir para otras entidades que frecuentemente han manifestado la intención de obtener experiencias para transpolar aspectos de esta agenda de trabajo al contexto social que impera en sus territorios.

En virtud de lo anterior, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila se suma al reconocimiento de esta agenda integral y de las acciones que en estos años impulsó el Gobierno estatal para lograr una sociedad más libre, fraterna e igualitaria, en beneficio de todas y todos los coahuilenses.

El autor es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH