Autopista Sal-Mon de cuota: no vale lo que cuesta

La autopista de cuota que une a Saltillo y Monterrey ha terminado por convertirse en un tramo carretero cuyo precio nos resulta elevado porque no nos ofrece el servicio que esperaríamos a cambio de la cuota que nos cobran por utilizarla. Y, sobre todo, porque al principio era barata: costaba solamente 39 pesos cuando se inauguró en 2009.

El costo del peaje genera quejas, sobre todo en invierno, cuando es frecuente que esté cerrada, o en los momentos en los cuales se registran accidentes cuya atención es lenta y ello provoca que los usuarios permanezcan atrapados en el tráfico mucho más tiempo del deseable.

El mantenimiento de la vía es también deficiente y, por el costo que pagamos por usarla, se antojaría que ésta se mantuviera siempre en perfectas condiciones, lo cual no ocurre. Otro tanto puede decirse de la seguridad, que en múltiples ocasiones ha generado señalamientos por la actividad de bandas delictivas que parecen actuar sin restricción alguna.

Lo peor de todo ocurre cuando, como ayer, se registra un incremento en el precio, el cual pretende justificarse a partir de la inflación del año anterior. Pero el incremento que se aplicó esta vez excede el monto inflacionario, pues el precio creció casi 5 por ciento, cuando la inflación declarada por el Banco de México para 2025 fue de 3.69 por ciento.

La pregunta obligada ante esta situación es por qué se permite al concesionario de una vía pública aplicar incrementos de este tipo, cuando no se trata de un bien privado. Y la pregunta es pertinente porque estamos ante una infraestructura que está sujeta a la regulación del Estado mexicano.

En otras palabras: el concesionario de la vía no puede incrementar arbitrariamente el peaje que cobra, sino que éste le debe ser autorizado por la autoridad regulatoria.

Además, justificar el incremento de la cuota a partir del efecto de la inflación equivale a decir que los costos de operación de la autopista se incrementan en la misma proporción que lo hace el promedio de los precios. Eso no es así, sobre todo porque en este caso, una parte importante de los egresos que genera el proyecto son costos financieros.

Habrá quien diga que a nadie se obliga a utilizar una autopista de cuota cuando existe una alternativa que no tiene costo y opera esencialmente en las mismas condiciones que la otra, además de ofrecernos tiempos de recorrido casi idénticos.

Pero la existencia de una alternativa gratuita no constituye justificación suficiente para que el costo de un bien público se incremente sin razón.

La afirmación anterior es más cierta en la medida en la cual el servicio que se presta no es de la calidad esperada, es decir, de un nivel que justifique el precio que se cobra a los usuarios.

Cabría esperar por ello que la autoridad reguladora de dicho espacio actúe en defensa de los usuarios, al menos para que, si la autopista va a ser cara, valga lo que cuesta.