Ayotzinapa hoy: De la promesa de AMLO al desdén de Sheinbaum
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Al gobierno de Claudia Sheinbaum no le interesa atender el caso
Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos terminaron su última reunión con la Presidenta sintiéndose frustrados y manipulados.
Las violaciones graves a los derechos humanos concitan la atención oficial cuando las respaldan otros sectores de la sociedad, los medios de comunicación y la comunidad internacional. Lo ilustro con casos surgidos entre 2006 y 2026.
Alejandro Martí en 2008 y Javier Sicilia en 2011 fueron los pioneros en verbalizar el hartazgo y en encabezar movimientos nacionales que metieron a las víctimas en la agenda nacional. Poco antes del esfuerzo encabezado por Sicilia hubo, entre otros asuntos célebres, la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la venganza de Los Zetas que arrasaron con Allende y otros municipios coahuilenses.
En ese contexto ubiquemos el caso Ayotzinapa de septiembre de 2014. “Fue el Estado”, gritó la multitud que llegó al Zócalo en octubre de aquel año. La rabia nacía de que el estudiantado es bien visto en México, de la indudable alianza entre los criminales y funcionarios de los tres niveles de gobierno y del frívolo desdén mostrado por el presidente Enrique Peña Nieto quien, un mes después, concedió a las víctimas todo lo que le pedían para luego recular y atrincherarse en una “verdad histórica” por demás enclenque.
Andrés Manuel López Obrador se comprometió como candidato a darles verdad y justicia a las familias de Ayotzinapa. Lo hizo por convicción y conveniencia; sabía que planeaban presentarse en todos sus mítines para exigir solución. Por las razones que fueran, el tabasqueño decidió demostrar que él sí daría verdad y justicia a todas las víctimas pretéritas, presentes y futuras. Ayotzinapa sería la nave insignia que demostraría de qué estaba hecho el primer presidente de la 4T. Sus convicciones fueron de papel maché; a los tres años perdieron firmeza y él terminó fallándoles a todos y a todas.
La nueva Presidenta optó por patear hacia adelante el espinoso asunto. Entre la evidencia que podría plantear destaca la manera en cómo trataron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene once años haciendo grandes aportes al esclarecimiento de los hechos. Como las familias de los normalistas les tienen confianza y aprecio, han solicitado una y otra vez a la presidenta que los invite de nuevo.
En noviembre de 2025 la Presidenta prometió a las familias explorar el regreso de algunos exintegrantes del GIEI, y el pasado 28 de agosto de este año la secretaria de Gobernación declaró que el gobierno mexicano ya había establecido contacto. Uno de ellos, Carlos Beristain, me aclaró telefónicamente que en noviembre de 2025 él y Ángela María Buitrago recibieron una llamada de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para ver su disposición a regresar. Ambos se manifestaron dispuestos a venir por tercera ocasión, pero pidieron claridad sobre su mandato y acceso a la información. Nunca les volvieron a llamar.
Al gobierno de Claudia Sheinbaum no le interesa atender el caso por la resistencia que hay en el gobierno a aclarar un asunto que contradice el discurso de que la suya es la mejor fórmula para obtener verdad y justicia, y porque no piensan dar a extranjeros los elementos que explicarían el caso de violación a los derechos humanos más emblemático de los últimos 20 años; va en contra de su exaltación de la soberanía.
¿Qué sigue? Sigue que las familias cambien su estrategia en dos sentidos. El primero sería buscar la unidad de su movimiento con el de las colectivas de madres buscadoras. Y el segundo, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentar su caso ante la Corte Interamericana sobre la materia con sede en San José, Costa Rica.
La directora del Centro ProDH, María Luisa Aguilar, considera viable tomar el camino de la Corte Interamericana, pues podría argumentarse que ya se han agotado las instancias nacionales y que el gobierno mexicano es incapaz de resolver el caso Ayotzinapa: están dadas las condiciones para solicitar el involucramiento internacional.
En suma, el Estado ni quiere ni puede cumplirles. A las familias de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa les queda, eso sí, renovar sus estrategias.
Colaboraron Alondra Reyna Rivera y Carlos Uriel López