CDMX: La ciudad de Clara Brugada

La Ciudad de México es tan odiada como admirada. Es un lugar donde se cruzan el México indígena con el colonial, el revolucionario, el moderno y el globalizado. Es también el principal centro del poder político, económico, financiero, educativo, científico y cultural. Habitar en este crisol es un privilegio si la actividad de quien lo vive puede hacerse a una distancia para caminar o moverse en bicicleta, pero es una pesadilla si se tiene que cruzar. Tiene costos. Sólo en consultas de estrés, por mencionar uno de ellos, se pasó de mil 015 en 2020 a 2 mil 472 en 2024, con más de 800 capitalinos padeciendo malestares psicológicos por la movilidad, la densidad y su saturación, la inseguridad o su percepción de ella, la incertidumbre institucional y la presión económica.

Esta semana fue una de esas que resultan espantosas para miles. El austericidio decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador generó sus peores externalidades, afectando la vida del ciudadano ordinario. Deshidrató los recursos para el transporte público, por lo que no hay mantenimiento y el Metro tiene un promedio de 447 fallas de algún tipo cada día. Se deshicieron de los expertos en tráfico y no hay quien lo regule con efectividad, lo que causa congestionamientos el 76 por ciento del tiempo y hace que un automovilista pierda 184 horas al año, siete días de su vida.

La percepción sobre Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es positiva (60 por ciento), de acuerdo con la última encuesta de popularidad de El Financiero, aunque las evaluaciones de su gestión en seguridad, la principal preocupación capitalina, y en materia de corrupción siguen en picada. La aprobación de Brugada es similar a la de la mayoría de los gobernantes en México, donde separa a la persona de su capacidad y eficiencia para gobernar. En todo caso, lo que muchos ven como un caos en la capital federal es más bien una ciudad llena de contradicciones y complejidades, donde hay una gobernanza informal y un desigual cumplimiento de las reglas que norman a una sociedad. Podría argumentarse que la ciudad no ha colapsado pese a Brugada.

No se debe a que funcione por su estructura de gobierno, totalmente rebasada por las realidades de una ciudad altamente compleja en su funcionamiento y repleta de arreglos formales e informales. Ciertamente hay instituciones, pero una gran parte de los acuerdos se toman de manera no oficial. Hay autoridades electas, pero el poder se teje a través de grupos de presión y organizaciones territoriales que funcionan por encima del gobierno. Existen normas jurídicas, pero la mediación –en los espacios públicos, por ejemplo– es producto de una negociación entre ciudadanos y autoridades. Cuando ese equilibrio se rompe o hay funcionarios que elevan las cuotas exigidas para operar, suceden incidentes como el del miércoles, cuando un grupo de personas golpeó salvajemente a dos agentes de tránsito que quisieron mover sus motocicletas aparcadas en la calle peatonal Madero, a menos de un kilómetro de las oficinas de Brugada.

Su gobierno no logra ni puede ordenar la ciudad, pero la sociedad ha desarrollado mexicanismos para adaptarse y funcionar casi en términos particulares. Ayer, después de tres días de caos por el manejo de los semáforos en el cruce de Chapultepec con Cuauhtémoc, hice un ejercicio: con seis metrobuses de doble vagón en hilera esperando la luz verde y ocasionando filas de más de un kilómetro que desquiciaban el tráfico, me le crucé a una patrulla que venía detrás de la cuarta unidad y permití que pasaran una decena de automóviles que se habían quedado atrapados adelante de mí. Incurrí en una ilegalidad y deberían haberme multado y llevado el automóvil al corralón, pero la patrulla, tan impotente como miles de nosotros, no hizo nada. Al contrario, dejó pasar a otros cinco vehículos.

Lo que realicé fue un ejercicio de adaptación para poder sobrellevar el momento, pero hay que ser conscientes de que cuando ese tipo de mecanismos dejan de ser excepcionales y se convierten en la manera normal de vivir la ciudad, el desorden deja de ser una anomalía y se convierte en una práctica informal, con consecuencias que sólo abonan a la destrucción del orden institucional. Es la puerta de entrada a la anomia, que es la degradación de las normas sociales. No hemos llegado a la ley del más fuerte del “Leviatán”, pero estamos cerca de hacerlo. Vivimos en un frágil equilibrio en el que, muchos lo pueden ver, cada vez somos más intolerantes y violentos en las calles.

Esta ciudad, lo sabemos quienes la vivimos, tiene una gran capacidad para absorber los problemas derivados de una mezcla de factores, que incluye las diferencias socioeconómicas, los conflictos políticos –aunque sean vecinales, son políticos por definición– que se trasladan a la toma de las calles, así como los desplazamientos diarios, cuya demora depende del azar. Asimismo, la contaminación y las presiones sobre la infraestructura se vuelven tanto angustiantes como intolerables, como los baches que convierten muchas avenidas y calles en un enorme queso suizo, los hoyos que producen los robos de los registros y los socavones desatendidos por días, los encharcamientos que empeoran por la falta de desazolve. A esto se suma la falta de un ordenamiento para vehículos pesados por las calles a todas horas o los trabajos de mantenimiento en avenidas y vías rápidas en horas pico, porque con la falta de presupuesto hace tiempo que se cancelaron los turnos nocturnos, que era cuando se realizaban.

La Ciudad de México funciona todos los días. Millones de personas llegan a trabajar –aunque a veces lo hagan muy tarde y enfrenten problemas con sus jefes–, estudian, abren sus negocios, realizan actividades en la calle y regresan a sus casas. El sistema no está colapsado porque la convivencia de las reglas formales con las informales permite las interacciones que posibilitan el funcionamiento de la ciudad, pese a esa contradicción. Hemos desarrollado una cultura de adaptación al desorden, que muchas veces cruza la ilegalidad, donde negociamos las normas como ciudadanos y las autoridades administran la excepción.

El problema no es que haya demasiado desorden, sino la existencia de un sistema de incentivos que hace racional producirlo. Cada ciudadano puede obtener un beneficio individual, lo que hace que su vida sea menos complicada. Pero la suma de esas decisiones produce un costo colectivo gigantesco por la degradación de nuestra vida. Ahí está la verdadera trampa. O sea, estamos peor de lo que vemos y sentimos.

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