Coahuila ‘gana’ la primera batalla en defensa del agua

El cumplimiento de las leyes o los tratados internacionales, en este caso el relativo a las aguas compartidas entre México y Estados Unidos, no puede exigirse a cualquier costo
Los gobiernos del Estado y de Acuña anunciaron ayer que, tras sostener una reunión con representantes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llegó al acuerdo de suspender, a partir de hoy, las extracciones extraordinarias de agua de la Presa Internacional La Amistad.
Como se había informado anteriormente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara a México con imponer aranceles extraordinarios −u otras sanciones− a nuestro país si no se salda la “deuda” que en materia de agua tenemos con el vecino país −derivado del acuerdo internacional de 1944−, el domingo anterior inició la extracción de 120 metros cúbicos por segundo del citado embalse.
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La cifra anterior implicó multiplicar casi por siete el volumen que, hasta el sábado anterior, se extraía de La Amistad y que era de sólo 18 metros cúbicos por segundo. El hecho cobra relevancia debido a que la citada presa internacional se encuentra en uno de sus niveles históricos más bajos, por debajo del 13 por ciento de su capacidad total.
El comunicado conjunto de los gobiernos encabezados por Manolo Jiménez Salinas y Emilio de Hoyos Montemayor señala que la decisión “busca garantizar el agua para consumo humano y para las labores productivas de ganadería y agricultura en esta región fronteriza, priorizando a la población coahuilense, así como buscar la recuperación de los niveles de la presa La Amistad”, los cuales han sido afectados por la prolongada sequía.
Se trata, a no dudarlo, de una noticia que debe celebrarse, pues en circunstancias como las actuales es preciso colocar por delante de cualquier otra consideración la necesidad de abastecer a las comunidades que dependen del agua que fluye por el Río Bravo.
Y es que, en este caso, a diferencia del comercio internacional, estamos hablando de un elemento vital para la supervivencia de cientos de miles de personas. Ello implica que, por encima de las normas legales o los acuerdos bilaterales, debe prevalecer el sentido común.
Si, de acuerdo con lo pactado, nuestro país debe “entregar” un cierto volumen de agua a los Estados Unidos, sin duda estamos ante un compromiso que resulta exigible. Sin embargo, ello no puede hacerse a costa de poner en riesgo el abasto de agua para las poblaciones mexicanas.
Han hecho bien, tanto los gobiernos locales como el de la República, en “pausar” la entrega de líquido a nuestros vecinos del norte. Harán mejor nuestros socios comerciales en no asumir una postura intransigente en la exigencia de que los elementos del tratado se cumplan a rajatabla.
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Y, como lo han señalado en forma reiterada diversas voces expertas, ambos países haremos todavía algo más importante si nos disponemos, a partir de este episodio, a construir un conjunto de reglas que vuelvan más racional la gestión de las aguas compartidas.
En ello, por cierto, es urgente incluir las aguas subterráneas que, hoy por hoy, no solamente carecen de regulación binacional, sino que constituyen un misterio.