Coahuila: La educación básica no admite condiciones, construir nuevas escuelas es prioridad absoluta

La educación es, de acuerdo con nuestra Constitución, un derecho universal, lo cual implica que el Estado tiene la obligación de garantizarla en todo momento y lugar, para todas las personas. Se entiende en ello que tal garantía debe cumplirse, sobre todo en el caso de la educación básica.

Y no es que la educación media y la superior puedan obviarse, sino que la básica es indispensable para construir los cimientos a partir de los cuales los niños pueden ir perfilando la ruta que desembocará, idealmente, en la definición de una vocación profesional.

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El señalamiento anterior viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al planteamiento realizado por la subsecretaria de Planeación Educativa de Coahuila, María del Carmen Ruiz Esparza Contreras, en el sentido de que existe una “urgente” necesidad de aulas y de nuevos planteles en distintos puntos del Estado.

Destacar el adjetivo “urgente” es importante porque indica que la intención es resolver un problema que ya ha sido diagnosticado y cuyas consecuencias negativas deben ser atajadas con la mayor premura posible.

Al respecto, la funcionaria educativa acotó que, al menos en lo que hace a la necesidad de nuevos planteles, están solicitando a las administraciones municipales de Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón y Acuña, entre otras, la donación de terrenos para la construcción de los planteles y se tiene la expectativa de que ello ocurra en los primeros meses de gestión de las administraciones que arrancarán el 1 de enero próximo.

Sin embargo, también comentó que, en caso de no contarse con los espacios requeridos a tiempo, el Gobierno estatal reorientaría los recursos a otras necesidades prioritarias de las escuelas.

Tal acotación resulta claramente inadmisible, pues si estamos ante una necesidad urgente, lo esperable es que se haga todo lo necesario para que las escuelas se construyan y, en ese sentido, el abandono de los proyectos de construcción no puede ser una posibilidad.

Y no puede serlo porque estamos hablando de un derecho fundamental que, de no ser satisfecho, pone en riesgo proyectos de vida de niñas y niños que podrían no acceder a la educación porque no tengan la posibilidad de acudir a un plantel educativo cerca de su casa.

En este sentido, la construcción de escuelas que, como en este caso, resultan urgentes, no puede depender de que los gobiernos municipales donen los terrenos para su construcción. No está mal que se conciban los proyectos siguiendo esta ruta, pero no pueden condicionarse de esta forma.

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Las escuelas de nivel básico que se requieran para garantizar el acceso a la educación deben ser construidas, incluso si debe invertirse un presupuesto mayor en la adquisición de los predios. Porque no se trata de un privilegio, ni de una concesión, sino de un derecho que debe garantizarse sin excepciones.

Cabría esperar que en los próximos meses conozcamos del arranque de las obras respectivas, al margen de la forma en que los terrenos necesarios hayan sido adquiridos.