Coahuila: Trasiego de drogas, lo que revelan los cateos

Un elemento llamativo, registrado durante el último año y medio sobre todo, es que las autoridades responsables de la seguridad pública en Coahuila han informado de un creciente número de casos en los cuales han detectado lugares donde se almacenan y/o distribuyen drogas ilícitas. El detalle relevante en torno al fenómeno es que tales detecciones han sido producto de cateos.

Un cateo, de acuerdo con su definición legal, es un acto de investigación que realiza el Ministerio Público, con autorización judicial, cuando considera útil inspeccionar un lugar, personas u objetos que ayuden a esclarecer hechos delictivos.

En este sentido, el que la autoridad esté informando de la realización de un número importante de actos de inspección revelaría, al menos en primera instancia, que el Ministerio Público está desplegando sus facultades investigadoras de manera más profesional y para ello está haciendo uso de las prerrogativas que la Ley le concede.

Puntualizar lo anterior es importante para dimensionar mejor las declaraciones del fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, que consignamos en esta edición, en las cuales refiere que alrededor de un tercio de los cateos que realiza la dependencia a su cargo están relacionados con el tráfico de drogas.

“Buscamos orden, buscamos puntos de venta, puntos de consumo, lugares donde se guardan cosas robadas, violencia, cualquier otro delito. No es lo único. Los de drogas son alrededor del 35 por ciento; nos llegan cientos de mensajes, nos dicen: ‘acércate a la bodega tal, o al lugar tal’”, ha precisado el fiscal, al referirse a los cerca de 400 procedimientos de este tipo que se han ejecutado en lo que va del año.

Resulta llamativo, sin duda, que el titular de la Fiscalía señale que reciben “cientos de mensajes” en los cuales les advierten sobre la existencia de puntos de almacenamiento, venta o trasiego de drogas ilegales.

Y es que si alrededor de la tercera parte de los cateos está relacionada con ilícitos que involucran sustancias estupefacientes, el número de cateos realizado en 2025 cobra una dimensión distinta. Porque, de acuerdo con el fiscal Fernández, el año anterior se ejecutaron unas 6 mil órdenes judiciales para el registro de lugares.

Ello implicaría que en alrededor de 2 mil de esos eventos se detectaron drogas ilícitas, lo cual implica que, al menos en 2025, existían 2 mil lugares, en la geografía estatal, en los cuales se desarrollaban actividades ilegales que involucraban trasiego de estupefacientes.

¿Qué implica la existencia de miles de lugares donde se realizan actividades ilícitas relacionadas con drogas en territorio estatal? ¿Se trata de un volumen “normal” para una entidad como la nuestra o tal circunstancia debiera llamarnos a preocupación?

Porque, como se ha dicho en múltiples ocasiones, la estadística por sí sola no dice nada y por ello es indispensable que la autoridad nos precise el contexto.