Cómo ser una AC en México y no morir en el intento, a menos que seas del círculo del expresidente

He dado conferencias con ese título. No es humor negro: es un diagnóstico. Quienes operamos asociaciones civiles en este país sabemos que mantenernos vivas implica firmar declaraciones anuales, reportar cada donativo al SAT, pagar nómina, IMSS, INFONAVIT, emitir facturas electrónicas por cada peso recibido, y rendir cuentas con una transparencia que muchas empresas —y muchos gobiernos— jamás han tenido. No lo digo como observadora. Lo digo como alguien que lleva más de 15 años haciéndolo.

Hace unos días, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció desde su retiro para convocar a una colecta ciudadana en apoyo al pueblo cubano. El vehículo: una asociación civil llamada Humanidad con América Latina. Se constituyó el 17 de febrero de 2026. Obtuvo su autorización como donataria autorizada del SAT el 9 de marzo. En cuatro días hábiles. Es la única donataria nueva creada en lo que va del año en todo el país. Su representante legal es Carlos Pellicer López, sobrino del mentor político del expresidente. Lo que sigue no es indignación de oposición ni reclamo partidista. Es la reflexión de quienes hacemos sociedad civil en México todos los días.

UNO. Cuatro días contra cuatro años

Obtener la autorización de donataria en México es un proceso que, según el propio Código Fiscal de la Federación, puede tomar hasta tres meses. Si el SAT requiere información adicional, otros tres. Especialistas del sector estiman que en la práctica toma entre cuatro y nueve meses, si todo sale bien. Si hay un error en los estatutos, el SAT puede rechazar la solicitud sin retroalimentación y la organización debe empezar de cero, incluyendo nuevos gastos notariales.

Y hablo de gastos porque esto también hay que decirlo: ser AC en México es caro. El acta constitutiva ante notario cuesta decenas de miles de pesos. La inscripción en el Registro Público, otro tanto. La redacción de estatutos con las cláusulas fiscales correctas —no distribución de utilidades, destino del patrimonio a otra donataria en caso de liquidación, prohibición de actividades políticas— requiere abogados especializados. La constancia de acreditación de actividades, que debe tener vigencia mínima de seis meses, muchas veces a través de gestores o despachos que cobran por el trámite. Y todo eso es antes de siquiera tocar la puerta del SAT. Seis meses de trabajo demostrable, documentado, con evidencia fotográfica, antes de solicitar la autorización. Quienes lo hemos hecho sabemos que cada paso cuesta tiempo, dinero y una paciencia que el sistema no recompensa.

Humanidad con América Latina tenía días de existencia. No tiene página web. No tiene redes sociales. No tiene historial público de actividades. Y obtuvo en cuatro días hábiles lo que a organizaciones con décadas de trayectoria nos ha costado meses o años.

La pregunta no es si fue legal. La pregunta es si fue igual. Porque cuando el SAT facilita para unos lo que exige a todos los demás, el problema no es de legalidad sino de Estado de derecho.

DOS. El sexenio que asfixiaba con una mano y ahora pide con la otra

Para dimensionar este privilegio, hay que recordar lo que hizo el mismo expresidente con el sector que ahora utiliza a conveniencia. El 14 de febrero de 2019, mediante la llamada “Circular Número Uno”, López Obrador instruyó a todo su gabinete a eliminar cualquier transferencia de recursos federales a organizaciones sociales, sindicales o civiles. Ningún presidente en la historia de México había girado una orden semejante.

Cuarenta mil organizaciones registradas en el país recibimos el mensaje: ustedes no son aliadas, son sospechosas. Después vino la narrativa sistemática de descrédito desde las conferencias matutinas: las OSCs éramos intermediarias corruptas, fachadas de la oposición, instrumentos del neoliberalismo. Luego las medidas fiscales para restringir donativos extranjeros. Y el 31 de diciembre de 2021, el golpe final: la desaparición del INDESOL, que desde 1992 fungía como el vínculo institucional entre el gobierno y más de 43 mil organizaciones registradas en su padrón.

Los números cuentan la historia. Según datos del propio SAT, las donatarias autorizadas en México pasaron de 10 mil 457 en 2019 a 10 mil 192 en 2020, una caída del 2.5% en plena pandemia, cuando más se necesitaba a la sociedad civil. En 2020, un total de mil 341 organizaciones perdieron la vigencia de su autorización. Las revocaciones se dispararon de 45 en 2019 a 454 en 2023 — un incremento de más del 900%. Para 2025, según el instituto Ethos, quedan 10 mil 507 donatarias autorizadas en todo el país, una disminución del 7% respecto al pico de 2023. Los donativos de personas físicas cayeron en promedio 1.5% anual entre 2018 y 2023. Los de empresas se estancaron.

El comparativo internacional lo confirma: México tiene aproximadamente 27 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes. Brasil tiene 170. Chile 650. Argentina 270. Estados Unidos 670. No es que nos falten ganas de organizarnos; es que el sistema nos trata peor que a las empresas. Una sociedad mercantil se constituye, obtiene su RFC y opera.

Nosotras, las asociaciones civiles constituidas como donatarias, debemos además cumplir con declaraciones de transparencia anuales, publicar estados financieros, reportar la nómina de cualquier empleado que gane más de 295 mil pesos anuales, no destinar más del 5% de nuestros donativos a gastos administrativos, y mantener a disposición pública toda nuestra información patrimonial. Todo eso, cada año, para conservar un estatus que Humanidad con América Latina obtuvo en un fin de semana.

Ese contraste no es una opinión. Es un dato.

TRES. La diplomacia no se ejerce desde el retiro

La relación de México con Cuba es un pilar histórico de nuestra política exterior. La Doctrina Estrada, la negativa a romper relaciones cuando la OEA lo exigió en 1964, el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos —todo eso es parte del ADN diplomático de este país. Defender la soberanía cubana frente al bloqueo es un asunto de Estado. Y precisamente porque es un asunto de Estado, le corresponde a la presidenta en funciones.

Claudia Sheinbaum ya estaba actuando por los canales institucionales: coordinó un segundo convoy humanitario desde el puerto de Veracruz con más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos, operado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina. Eso es diplomacia de Estado. Lo que hizo López Obrador fue crear un canal paralelo, opaco, controlado por su círculo más cercano, que compite con la acción institucional y la debilita.

Y el momento no pudo ser peor. La colecta se anuncia exactamente cuando México entra en la revisión del T-MEC con Estados Unidos. En un contexto donde la administración Trump presiona sobre Cuba, amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a la isla, y el embajador Johnson responde públicamente que la mejor forma de ayudar a Cuba es empoderar a su pueblo y no a su régimen. Un expresidente que respeta la investidura presidencial dejaría que la presidenta maneje la relación bilateral con la estrategia que el momento exige.

LO QUE DE VERDAD ESTÁ EN JUEGO

Mientras el debate público se consume en la colecta cubana, México sigue acumulando las urgencias que nadie resuelve desde un tuit ni desde una cuenta de Banorte.

Cada día, en este país, once mujeres son víctimas de feminicidio. Más de 115 mil personas permanecen desaparecidas.

El embarazo adolescente nos mantiene entre los primeros lugares de América Latina: una de cada seis adolescentes mexicanas ha sido madre antes de cumplir veinte años. La trata de personas opera con impunidad en rutas que cruzan los mismos estados donde las organizaciones civiles que atendían a víctimas cerraron por falta de recursos. La desnutrición infantil en comunidades indígenas, la crisis de salud mental entre jóvenes, las adicciones, el rezago educativo que la pandemia dejó al descubierto y que nadie ha remediado —todo eso sigue ahí, sin reflectores, sin colectas virales, sin la atención de ningún expresidente.

Esos problemas no se resuelven desde el gobierno solo. Se resuelven con una sociedad civil profesional, con recursos, con alianzas: con el sector privado que invierte en programas de impacto medible, con gobiernos locales que entienden que las OSCs no son competencia sino complemento, con la cooperación internacional que trae metodologías probadas en otros contextos. Se resuelven pensando fuera de la caja, con organizaciones que tienen la libertad y la capacidad técnica de innovar donde la burocracia no puede.

Eso es lo que hace la sociedad civil cuando se le deja trabajar. No simular ayuda humanitaria con cuentas opacas. No montar estructuras fiscales en cuatro días para fines que nadie puede verificar. Sino estar en el territorio, año tras año, tocando las puertas que nadie toca, llegando a donde nadie llega. México no necesita más colectas con prisa y sin transparencia. Necesita miles de organizaciones fuertes, fondeadas, profesionales y autónomas, que puedan mirar a los ojos a una adolescente embarazada en Guerrero, a una madre buscadora en Tamaulipas, a un niño que no sabe leer en cuarto de primaria en Chiapas, y decirle: aquí estamos, y no nos vamos. México necesita más Ciudadan@s de Tiempo Completo.