Cuando los contrapesos estorban

Esta semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas hizo algo sin precedentes: solicitó a la Asamblea General que intervenga ante la situación de México. El informe documenta más de 132 mil personas desaparecidas o no localizadas, más de 72 mil restos humanos sin identificar, y concluye que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido como crímenes de lesa humanidad. No como hechos aislados, sino como un fenómeno arraigado en fallos estructurales de prevención, investigación y sanción.

La respuesta del gobierno fue calificar el informe de “tendencioso, parcial y sesgado.” La CNDH —la institución que debería ser la primera en exigir respuestas— publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones y acusó a organizaciones de la sociedad civil de “manipular demandas en materia de derechos humanos.” La presidenta Sheinbaum fue más directa: dijo que el Comité “solo busca criticar a su gobierno.” No hubo, en ningún pronunciamiento oficial, una sola palabra dirigida a las familias que siguen buscando.

Pero el informe de la ONU no cayó en el vacío por casualidad. Cayó en un país que lleva meses desmantelando, pieza por pieza, las estructuras que permiten cuestionar al poder.

Hagamos el recuento. La reforma judicial sometió a elección popular a jueces y magistrados, comprometiendo la independencia del poder que debería servir de contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo. Los organismos autónomos —diseñados específicamente para evitar abusos del poder— han sido absorbidos por secretarías controladas por el partido mayoritario. El Congreso, lejos de representar la pluralidad, se ha convertido en lo que el constitucionalista Diego Valadés describió como “un apéndice del Ejecutivo.” Y sin debate real, se modifican leyes orgánicas en cuestión de horas.

Y luego vino el golpe a la sociedad civil. En enero de este año, el SAT revocó la autorización como donatarias a más de cien organizaciones, incluyendo al IMCO, México Evalúa, Mexicanos Primero y Mexicanos Unidos contra la Corrupción. El argumento fue técnico —falta de acreditación científica—, pero el efecto es político: las organizaciones que más han fiscalizado al gobierno pierden la posibilidad de recibir donativos deducibles, lo que golpea directamente su capacidad de operar. A eso hay que sumar la desaparición, desde el sexenio pasado, de los fondos de Coinversión Social que desde 1993 apoyaban a organizaciones dedicadas a combatir la marginación y la pobreza.

Del otro lado de la frontera, la suspensión de USAID por parte de la administración Trump terminó de cerrar la pinza. Organizaciones de derechos humanos en todo el mundo enfrentan lo que se ha descrito como la crisis de financiamiento más grave en décadas, y México no es la excepción. Varias de las organizaciones mexicanas afectadas por el SAT recibían además apoyo de cooperación internacional que hoy simplemente ya no existe.

El resultado es un escenario que debería alarmarnos: un Estado que descalifica a quien lo cuestiona desde adentro, que rechaza a quien lo cuestiona desde afuera, que debilita a las instituciones que podrían vigilarlo y que asfixia económicamente a las organizaciones que documentan lo que él prefiere no ver. Todo esto mientras 132 mil familias siguen sin respuesta.

Cuando no hay instituciones autónomas que investiguen, ni un poder judicial independiente que proteja, ni organizaciones civiles con recursos para documentar y acompañar, el ciudadano queda solo frente al poder. Y una democracia donde el ciudadano está solo frente al poder no es una democracia. Es una simulación.

Porque conviene recordar qué es lo que hacen las organizaciones que hoy se busca debilitar. Son las que miden si el dinero público se gasta bien. Las que documentan cuántas personas desaparecen y en qué estados. Las que acompañan legalmente a las víctimas cuando el ministerio público no responde. Las que evalúan si las políticas educativas están funcionando o si solo están generando cifras bonitas. Las que capacitan a ciudadanos para exigir rendición de cuentas. Sin ellas, el gobierno se evalúa a sí mismo, se fiscaliza a sí mismo y se aplaude a sí mismo.

La democracia mexicana no es un edificio terminado al que le están quitando adornos. Es una estructura a medio construir a la que le están retirando los andamios mientras le dicen a la gente que ya está lista.

Las madres que buscan en fosas con las manos lo saben. La pregunta es si el resto de nosotros lo vamos a entender antes de que sea demasiado tarde. Más Ciudadanitos, por favor.