Derecho humano al medio ambiente sano, un asunto de defensa

El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, un tema que normalmente se asocia con abusos policiacos, vejaciones, torturas, desapariciones forzadas. Sin embargo, existen muchos otros derechos humanos, entre ellos el derecho humano a un medio ambiente sano.

Fue el 28 de julio de 2022 que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por primera vez el acceso a un medio ambiente sano, adecuado o ecológico como un derecho humano.

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Este derecho, pocas veces debatido, es un reconocimiento fundamental de la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza; implica que todas las personas tienen derecho a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible, donde puedan disfrutar de una buena calidad de vida y desarrollar plenamente sus capacidades.

Normalmente cuando se habla de contaminación ambiental se pone el dedo en las fuentes contaminantes o en las acciones u omisiones de los gobiernos. Pero existe un punto que se tiene que atender y es el impacto que tiene en la salud de las personas y, por consecuencia, lo que tiene que ver con el derecho humano a un medio ambiente sano.

En México, este derecho está reconocido por la Constitución y establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Garantizar este derecho es una obligación de los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas de la contaminación del aire, el agua, el suelo...

En ese sentido, hablar del derecho al medio ambiente sano es hablar en muchas ocasiones de un asunto de justicia social, pues se trata de un pilar del desarrollo sostenible en el que muchas veces los afectados son las comunidades marginadas o vulnerables, quienes sufren los mayores impactos.

Por ejemplo, las zonas más afectadas por la contaminación de arsénico en el agua de Coahuila están en las áreas rurales de La Laguna. Las zonas más afectadas ambientalmente por la minería de carbón están en comunidades abandonadas y pobres de la región Carbonífera.

Es ahí donde surge el cuestionamiento: ¿quién garantiza el derecho humano al ambiente sano en estas zonas?

AL TIRO

A propósito del derecho humano a un ambiente sano, esta semana publiqué en SEMANARIO un trabajo sobre la contaminación por altas concentraciones de metales pesados en el ambiente atmosférico de Torreón.

El problema no es nuevo. Hace más de dos décadas se desató en Torreón un movimiento social en defensa de niños afectados por la contaminación de plomo, en algo que muchos llamaron “los niños de plomo”.

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Conforme pasaron los años, el tema se fue diluyendo. Sin embargo, es gracias a estudios e investigaciones, como el realizado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, presentado en el reportaje de SEMANARIO, que nos enteramos que, a pesar de avances, el problema persiste: el ambiente atmosférico de Torreón tiene concentraciones de elementos químicos que sobrepasan los límites permisibles o que son potencialmente cancerígenos.

Esto evidentemente viene a colación a propósito del Día Mundial de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho humano a un ambiente sano: ¿quién nos protege contra la contaminación? ¿Quién remedia los daños ambientales? ¿Qué papel tiene que jugar la sociedad en las decisiones que afectan al medio ambiente?

Como lo planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un documento sobre el tema: “nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa”.