El mito de la honestidad. La apuesta equivocada

Seguimos creyendo que nuestro proyecto soñado de nación depende de la llegada al poder de un grupo de gente valiente, capaz y sobre todo honesta. ¡Error!

Usted puede pensar por igual que ese profético advenimiento aún está por acontecer, o bien, que desde hace ocho años nos gobierna el movimiento político más honesto, recto e impoluto del mundo... Es lo mismo: si supone que de ello depende la consolidación económica, política y social de México, se equivoca.

Pasa que la pugna política en nuestro país se nos presenta como una guerra entre bandos: ellos contra nosotros, buenos contra malos; pero jamás –o rara vez– como un debate entre distintas visiones de lo que debe ser México. Lo que nos conduce a concluir: Si voto por “los buenos” y ganamos, ¡ya está!

La lucha permanente debería ser por la consolidación de las instituciones y por el fortalecimiento de las leyes que impidan no la llegada de perfiles deshonestos al servicio público (que ello es poco menos que imposible), sino que eviten que éstos incurran en actos ilícitos sin ser detectados y sancionados.

Seamos realistas: no podemos evitar que el enésimo loco, megalómano y corruptazo llegue a la presidencia, a una gubernatura o alcaldía, al Congreso, a una secretaría, etcétera; ya sea porque viste una tersa piel ovejuna o porque es propulsado por otro gobernante o partido político.

Lo que sí se puede es tener leyes que le obliguen a la transparencia, a la rendición de cuentas y a ceñirse estrictamente a las funciones que constitucionalmente le exige el cargo, sin tomarse ninguna atribución adicional.

Y quizás le parezca ingenuo, cándido y hasta cierto punto obvio, pero es mucho más inocente suponer que un partido o movimiento político se puede conformar con pura gente honesta o, peor aún, que la absoluta probidad de un líder podría purificar la vida pública del país... Eso es ingenuo, aun si, en efecto, dicho líder no resultase ser un absoluto truhán.

Lo voy a tratar de explicar más claro todavía:

El problema no es que desde el oficialismo hayan hecho de Guadalupe Taddei la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. La cuestión de fondo es que la Cuarta Transformación debilitó al INE al grado de que la hoy exconsejera pudo operar su esquema de adjudicaciones y contratos a modo durante toda su gestión, sin que se encendiera ninguna de las alarmas que ya se habían instalado desde hace años en el Instituto.

Los analistas más serios coinciden en que, si los mecanismos de seguridad funcionaran correctamente, se activarían al momento de ver el nombre de un posible proveedor en claro conflicto de interés. Es decir, se detectaría desde antes de otorgarle cualquier licitación.

Lo curioso es que el nombre de un exempleado, chofer, asistente o lo que sea, que estuvo en la nómina del órgano electoral, figuró allí entre las facturas y pagos sin que nadie hiciera nada al respecto hasta hace apenas algunos días, y sólo porque Latinus y su reportero se pusieron en plan “majadero” a hacer algunas preguntas incómodas.

Pero el hecho de que nos estemos enterando a posteriori significa que los interruptores de los detectores de humo del INE están apagados. Y es muy probable que así estén los de todos los organismos e instituciones públicas.

No es que no existan los protocolos, los procedimientos, las bases de datos, el cruce de información, las auditorías internas... El asunto es que, por orden ejecutiva, todo debe ser ignorado hasta que se dé la orden contraria.

El gran menoscabo a la transparencia del Instituto fue la pérdida (el arrebato) de su carácter como órgano colegiado:

Históricamente, los nombramientos clave en el Instituto requerían una mayoría calificada (8 de 11 votos), lo que obligaba a presentar perfiles imparciales que lograran el consenso general.

Pero las reformas hechas en la era de la Transformación le otorgaron dicha facultad de designación al presidente/presidenta del Consejo de manera directa y unipersonal.

En pocas palabras, se le dio poder irrestricto para hacer y deshacer no a Taddei, sino a cualquier persona, chango, marioneta, vegetal o mineral que llegase a ocupar el cargo.

De haber conservado la naturaleza colegiada del organismo, las cosas se le hubieran complicado hasta al pillo más perverso, colmilludo y maquiavélico. Pero eliminados los candados, las cosas se le facilitaron hasta a la más burda, torpe y ensoberbecida delincuente, es decir, a doña Lupe Taddei.

A diferencia de escándalos como Segalmex o Vector Casa de Bolsa, en los que la postura oficial es dar protección a los directos responsables, en el romántico caso de las adjudicaciones del INE, la presidenta Sheinbaum sólo se pronuncia para que no se metan con la imputada por su condición de “mujerts”, pero básicamente le retiró la protección institucional. Esto se detecta cuando hasta los gatilleros ideológicos de la 4T, como Jenaro Villamil, o la consejera afín, Carla Humphrey, se pronuncian con libertad sobre el escándalo de Taddei.

Pero no son ni Villamil ni Humphrey: es la Presidencia anunciando su deslinde de la mujer que soñó que podía tenerlo todo: el poder, el presupuesto, el amor y la impunidad.

¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Pero hasta ahora sólo una teoría se ha aventurado, en el sentido de que, de cara a las elecciones de 2027, el oficialismo prefiere tener un árbitro débil, sin autoridad, acéfalo, impugnable... por cualquier cosa que se llegara a ofrecer. Pero la verdad, se me antoja una hipótesis endeble.

De lo que no tengo dudas es de que la debacle de Taddei no fue producto del ejercicio periodístico puro, ni mucho menos un logro de las instituciones en el combate a la corrupción. Fue una decisión tomada muy arriba, porque así opera el diseño institucional:

Menos control y transparencia; más autocracia y discrecionalidad, lo que significa instituciones debilitadas y a merced del capricho del poder en turno. Justo lo que no necesitamos.