El polémico mandato de Andrés Manuel

El mandato ciudadano del 2 de junio cada uno lo interpreta a su modo. Para algunos es el aval o refrendo democrático al presidente López Obrador y al régimen de la 4T, no necesariamente a su decisión de acabar con el régimen democrático, conforme a su iniciativa de reforma constitucional; para otros se trata del segundo piso de la 4T, como propusiera la candidata presidencial; tampoco, en estricto sentido del régimen representativo, cabe decir que remite a políticas en específico −no fue consulta popular−, sino al derecho de decidir y gobernar a quienes ganaron la elección.

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Por lo pronto es de destacar que no hay diferencia entre lo que propone el Presidente y la postura del partido ganador durante la campaña. La misma candidata Sheinbaum respaldó en todos sus términos la propuesta presidencial de cambio de régimen. Sin embargo, algunos señalan dos planos del aval ciudadano: primero al gobierno de López Obrador, que los ciudadanos conocen y aprueban, y segundo, qué habrá de hacerse para dar continuidad, más de lo mismo o cambiar de régimen. La diferencia es la certidumbre del primero y la interpretación, complejidad y aplicación diversa del segundo plano.

Los números del mandato son complejos. La aritmética y los principios democráticos no sirven de sustento para cambiar al régimen de gobierno. Una cosa es el mandato para reformar la Constitución y otra alterar en sus fundamentos el régimen democrático al trastocar de manera fundacional la división de poderes, el sistema de representación política y la estructura para organizar elecciones bajo el principio de imparcialidad, profesionalismo y certeza. En cualquier democracia ese tema sería objeto de un referéndum en específico, como ocurrió en España cuando se resolvió ingresar a la OTAN.

En la elección pasada, Morena obtuvo 40.8 por ciento en la elección de diputados y senadores, términos cuantitativos del mandato; el PT y PVEM son asociados que complementan la mayoría absoluta de los votos, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una abrumadora mayoría en el Senado, pero, aunque coaligados, son proyectos distintos y con agenda diferenciada. No se puede asumir que el mandato de cambio los incluye en el mismo sentido, de otra manera su votación hubiera sido considerablemente menor.

Aun así, existe el principio de que un cambio de régimen no puede tener lugar sin el concurso de la oposición, el PT y PVEM no lo son. Un abrumador triunfo electoral no es base para la imposición de la mayoría sobre las minorías. El cambio de régimen que se pretende altera los términos constitucionales que eliminan los pesos y contrapesos, al sistema electoral e incluye la afectación y virtual exclusión de la pluralidad de la representación política. Esto es, la minoría mayor, Morena, con una votación en la elección de legisladores de 40.8 por ciento afectaría a todo el conjunto partidario, incluso a sus propios aliados.

El problema del mandato se agrava no sólo por la coincidencia entre los que se van y los que llegan, sino por la urgencia, porque cambios sustantivos al régimen republicano, como la elección directa de juzgadores, no pueden procesarse sin las condiciones que permitan una auténtica y eficaz deliberación para que la aprobación se enmarque en la perspectiva y necesidades de quien va a gobernar y no de quien está por concluir. Es decir, puede haber coincidencia entre López Obrador y la virtual presidenta Claudia Sheinbaum respecto al contenido de la reforma, pero su ejecución e implementación es tarea del nuevo gobierno, no del que termina.

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La determinación de modificar el régimen judicial con la elección directa de juzgadores plantea un reto mayor para hacer realidad en los hechos la reforma. No sólo se trata de establecer en la ley previsiones que garanticen el perfil idóneo de los juzgadores reduciendo la incertidumbre que acompaña al cambio; la preocupación remite a la necesidad de un proceso de implementación del cambio que garantice continuidad en la atención de los cientos de miles de casos ahora bajo estudio, así como asegurar la continuidad o, si es el caso, la formación de decenas de miles de funcionarios judiciales especializados.

Para López Obrador gobernar es muy fácil. No es así y los resultados de su gobierno hablan por sí mismos: un desastre. La reforma al régimen judicial es un error mayúsculo que trastoca una institución sumamente compleja y de desempeño ejemplar; se puede invocar mandato popular para materializarla, pero también para llevarla a cabo en términos tales que mitiguen sus perniciosos efectos.