El Presidente y el INE, ¿hay una ‘nueva relación’?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer, en Palacio Nacional y en privado, con los integrantes del cuerpo de consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral que encabeza Guadalupe Taddei. El encuentro, dijo la consejera presidenta con posterioridad, fue “exitoso”.

El adjetivo es interesante. Indica, desde luego, que las cosas salieron bien. O que no salieron mal, si se prefiere. En términos estrictos, todos debemos celebrar que el titular del Ejecutivo Federal y quienes gobiernan la institución responsable de las elecciones puedan reunirse de forma cordial.

Señalar lo anterior debería ser, en cualquier circunstancia “normal”, una obviedad que, por serlo, no merecería mención. Pero en los tiempos que corren la situación dista de ser normal entre el Poder Ejecutivo -además del Legislativo- y el árbitro de las elecciones.

Como todos sabemos, el presidente López Obrador se dedicó, hasta hace unas pocas semanas, a denostar al INE, a fustigar a los integrantes de su Consejo General, a endosarles acusaciones sin sustento. No es exageración decir que desde la Presidencia de la República se desplegó una auténtica campaña de desprestigio para “demoler” a la institución.

El encono generado desde Palacio provocó dos multitudinarias marchas a favor del INE en el corazón de la Ciudad de México y decenas en distintas ciudades de la República. Al grito de “el INE no se toca”, cientos de miles de personas tomaron las calles para reprochar la intención presidencial de socavar la autoridad de una de las instituciones más respetadas y reconocidas.

Ayer, sin embargo, ambas partes fueron capaces de sentarse a la misma mesa y dialogar. Eso es algo que debe celebrarse sin duda.

Al mismo tiempo, sin embargo, es preciso notar que entre la actitud presidencial del pasado reciente y la de ayer no media ningún cambio significativo. La composición del INE sigue siendo la misma, las reglas electorales no han sido modificadas, el sistema electoral es esencialmente idéntico.

Ello convoca a considerar, de forma necesaria, que el “problema” no fue nunca la institución, ni las reglas que rigen su proceder, ni el monto del financiamiento que por disposición legal debe entregársele. El “problema” eran las personas, de acuerdo con la evidencia a la vista.

Una vez más, pareciera que estamos ante una obviedad que, por serla, no merecería mención. Sin embargo, el arribar a una conclusión como ésta dista mucho de ser una obviedad irrelevante y es, más bien, una realidad que debe convocarnos a preocupación.

Porque si entre la anterior actitud del Poder Ejecutivo y la actual sólo media el que un conjunto específico de personas estuviera en el INE estamos hablando de un episodio que no puede ser tomado por anecdótico sino que merece análisis pausado y cuidadoso.

Bienvenida, desde luego, la “nueva etapa” de la relación institucional entre el INE y la Presidencia de la República. Cabría esperar, sin embargo, que se trate de una “nueva relación” impulsada por las razones correctas.