El Registro Civil en Coahuila y Saltillo
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La ciudadanía se resistía a cumplir con la obligación de registrar los actos que atañen a la vida civil en los juzgados civiles, hoy llamados Oficialías
Entre las Leyes de Reforma que separaron los asuntos eclesiásticos de los del Estado, el presidente Benito Juárez promulgó, desde Veracruz, la Ley sobre el Estado Civil de las Personas el 28 de julio de 1859. Dicha ley mandó la función registral del estado civil de las personas como una obligación del Estado, cuando desde fines del siglo 16 la Iglesia había ejercido esa función registrando en sus parroquias, en tres libros diferentes, los actos a que se referían: nacimientos, matrimonios y defunciones.
La Ley Orgánica del Registro Civil de 1859 dispone el establecimiento de jueces del estado civil en toda la República y señala las formalidades para llevar a cabo el registro. Reconoce, además de los tres actos que la Iglesia registraba en sus libros, otros tres: la adopción, el reconocimiento y la arrogación, que es la adopción de un huérfano o un emancipado. La Ley del Matrimonio Civil consideró indisoluble la unión matrimonial hasta 1917, fecha en que empezó a registrarse el divorcio como estado civil.
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La Ley del Registro Civil no fue en sus comienzos plenamente aceptada en México, y su aplicación en Coahuila tuvo particularidades muy especiales por la problemática que en ese tiempo vivía el estado. El 19 de febrero de 1859, unos meses antes de la promulgación de las Leyes de Reforma, el cacique Vidaurri había decretado la anexión de Coahuila a Nuevo León, una anexión aceptada plenamente por el centro y el norte del estado, no así por la capital, Saltillo, de la que finalmente se apoderó Vidaurri, con lo cual perdió Coahuila su calidad de estado de la Federación Mexicana, hecho ratificado por decreto del Supremo Gobierno el 27 de mayo de 1857. Casi siete años después, en plena Intervención Francesa, el presidente Juárez decretó la separación de los dos estados en febrero de 1864, separación ratificada por el Congreso de la Unión hasta el 26 de febrero de 1868, una vez restaurada la República.
La ejecución de las leyes que quitaban a la Iglesia la facultad del registro civil de las personas para dársela al Estado encontró serios tropiezos. La ciudadanía se resistía a cumplir con la obligación de registrar los actos que atañen a la vida civil en los juzgados civiles, hoy llamados Oficialías. En algunos casos, los mismos sacerdotes organizaban a los vecinos para impedir que la gente inscribiera los nacimientos, muertes y casamientos ante los jueces designados por el gobierno.
En Coahuila, la lejanía entre sus poblaciones y los asaltos cometidos en su territorio por los indios residentes en Estados Unidos, dificultaban aún más el cumplir con la ley. El gobierno se vio obligado a nombrar agentes de los jueces en las rancherías y pequeños poblados para evitarles a los contrayentes y obligados el exponerse al riesgo de viajar para registrar sus actos civiles en los juzgados. Todavía en 1881, el gobernador Evaristo Madero decretó la obligación para los sacerdotes de exigir los documentos del Registro Civil antes de proceder a los actos religiosos del matrimonio, bautismo y defunción.
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En Saltillo, el Registro Civil inició sus actividades en abril de 1861. El día 24 de ese mismo mes y año, el juez del estado civil, Nicolás de Arredondo, registró el nacimiento número uno: el niño Francisco del Rincón, hijo legítimo de don Ventura del Rincón y su esposa doña Petra Martínez, vecinos de esta ciudad. En el primer libro quedó inscrito con impecable caligrafía, que el niño nació: “el diecinueve del corriente a la una de la mañana, todo lo cual hacen constar en la presente acta, que leí en presencia del presentante y testigos Francisco Sánchez y Carmen Vázquez, quienes estando conformes no firmaron por no saber”.
Tres días antes, el 21 de abril de 1861, el mismo juez Arredondo había registrado el matrimonio de don Ruperto Ibarra y doña Ascensión Valdés, originarios de la hacienda de Palomas, hoy Arteaga, Coahuila. El Registro Civil fue una de las primeras dependencias del Gobierno del Estado en sistematizarse. Desde entonces, se mantiene como una de las más eficientes y de las que más se preocupa por conservar su lugar como parte importante de la vida ciudadana de los coahuilenses.
