Elección de juzgadores, un verdadero ‘dolor de cabeza’
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Ahora que la reforma judicial es un hecho toca concentrarse en los detalles operativos del modelo aprobado y convertido en ley, el cual plantea retos muy difíciles de superar
Ahora que la denominada “reforma judicial” es un hecho, es decir, que han entrado en vigor las reglas según las cuales, entre otras cosas, quien tenga la tarea de dirimir controversias entre individuos, y entre estos y las instituciones del Estado, debe ser electo por voto popular, es cada vez más importante prestar atención a las voces que advierten sobre la complejidad de dicha tarea.
Ya no se trata de discutir si la reforma impulsada por el presidente López Obrador es adecuada o no. Tampoco se trata de poner en claro las motivaciones que le llevaron a plantear estas modificaciones en la legislación que regula el actuar de jueces, magistrados y ministros.
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Lo relevante ahora es tener claras las complejidades operativas que trae consigo la elección de estos servidores públicos.
Y como queda claro con cualquier ejercicio que pretenda reproducir lo que viviremos en la jornada electoral de junio próximo, el asunto es un auténtico galimatías que difícilmente va a concitar el interés del público y, mucho menos, va a reflejar algún tipo de “voluntad popular” en las personas que resulten electas al final.
Esto último es lo más preocupante de todo, porque la razón central esgrimida hasta ahora por los impulsores de la reforma es que se trata de poner en manos de los ciudadanos la definición de quiénes juzgarán las controversias de conformidad con las leyes y, de esta forma, forzar a los jueces a que respondan “a los intereses del pueblo”.
Sin embargo, difícilmente un ejercicio de votación como el que se prevé, con una maraña de cargos y nombres entre los cuales debe optarse, ¡a partir del más absoluto desconocimiento!, puede considerarse un proceso realmente democrático en el cual se exprese la voluntad popular.
En este sentido, el ejercicio que el exgobernador de Coahuila y actual dirigente de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, capturó en video y ha diseminado en redes sociales, constituye una buena referencia de lo que se avecina.
Podrán introducirse matices en algunos de los pasos que señala el ejercicio hipotético mostrado en el video, pero éste se acerca mucho al retrato de la realidad y muestra muy bien la complejidad de llevar a la práctica lo que se ha legislado de forma acrítica y, de alguna forma, insensata.
Valdrá la pena que los simulacros de este tipo se multipliquen a fin de evidenciar la complejidad operativa del ejercicio que se ha encomendado al INE en el plano federal y que deben reproducir los órganos electorales de los estados en el ámbito local.
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Y valdrá la pena porque en esa medida podríamos asistir a la celebración de un proceso de análisis que, a diferencia de lo hecho en los últimos días, tenga realmente el propósito de identificar, con sensatez y sentido común, aquellos aspectos de la reforma que implican un auténtico despropósito.
Estamos a tiempo de al menos analizar con seriedad el planteamiento de carácter operativo y evitarle al país un monumental desperdicio de recursos.