Elección Judicial: ¿fin de ciclo o renovación institucional?

Este domingo los mexicanos estamos convocados a las urnas. Nada nuevo implica ello pues, desde el origen de la República, la renovación del poder público, por la vía del voto popular, constituye una tradición que se ha respetado de forma escrupulosa, si bien con matices que han marcado las distintas etapas de la vida institucional.

Sin embargo, pese a nuestra muy larga tradición de elecciones constitucionales, el episodio de este domingo representa una estación inédita y particular del tránsito institucional del país. No es casual que la elección de las personas encargadas de impartir justicia haya desatado un intenso debate desde que la idea fue puesta sobre la mesa.

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Quienes defienden la idea aseguran que la elección de ministros, magistrados y jueces −tanto a nivel federal como estatal− dará paso a “un nuevo Poder Judicial” y que ello se notará, sobre todo, en la erradicación de la corrupción que, en su diagnóstico, caracteriza hoy al aparato encargado de impartir justicia en el país.

En el lado opuesto de la mesa, los detractores de la idea consideran que el proceso en marcha constituye el paso final para demoler la República e instaurar en su lugar un régimen autoritario que nos colocará a la altura de una monarquía medieval, es decir, en una situación en la cual una sola persona −en este caso, la Presidenta de la República− tenga el poder absoluto para decidir absolutamente todo.

Por regla general, las posiciones extremas suelen estar equivocadas y por ello es razonable considerar que el mejor diagnóstico de la realidad presente, así como de lo que pueda ocurrir en el futuro, se encuentra en algún punto intermedio entre las antípodas arriba descritas.

El elemento fino de la discusión, llegados a este punto, consiste en discernir si ese punto intermedio implica más beneficio que daño, o viceversa. En otras palabras, lo más importante es tener claro si lo que ocurra este domingo será un evento inocuo o si, por el contrario, implica riesgos para la salud de la democracia nacional.

No es sencillo responder de forma categórica al cuestionamiento anterior, aunque se antoja concluir que, siendo la jornada electoral de este domingo un despropósito, y previsible una muy escasa participación ciudadana, el evento no puede ser benéfico a los propósitos colectivos.

Por ello, cada uno de nosotros debe sopesar, en lo individual y a partir de las convicciones de carácter personal, la decisión de acudir −o no− a la casilla que le corresponde para ejercer el derecho −y cumplir la obligación− que tenemos de sufragar en las elecciones constitucionales.

Más allá de ello, sin embargo, todos haremos bien en estar atentos al resultado de este proceso y, independientemente de si votamos o no, exigir de quienes han preconizado las virtudes de este ejercicio, que se noten en los hechos los beneficios que se prometieron al impulsar las reformas constitucionales y legales que nos condujeron a este punto.