Ernesto Ruffo es inocente, víctima de un régimen incompetente

La presunción de inocencia no es lo nuestro. Basta la maledicencia o, todavía peor, que se formalice la orden de detención para que se precipite la sentencia social. Es de ayer y es de ahora. El proceso judicial es otra cosa, sobre todo si se da crédito a que la justicia es todo menos eso. En países de sólida tradición legal, incluso las personas condenadas llegan a ser presidentes; tal como ocurrió en el país vecino, donde al amparo del voto mayoritario, Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Ernesto Ruffo es inocente y lo blinda la parcialidad y la acreditada incompetencia de su acusador. Incluso si fuera sentenciado en todas las instancias, su condición quedaría a salvo porque en este país la justicia dejó de existir en el momento mismo en que el régimen político se hizo del Poder Judicial. No hay justicia posible si no hay autonomía e independencia del juzgador, principios que aquí se anularon desde el proceso para llegar al cargo y la manera como se organizó la judicatura.

El régimen se ensañó con Ruffo Appel e hizo de la justicia penal un recurso. La embestida iba más allá de una persona honorable, cuya forma de vida, la de él y la de los suyos, habla por sí misma. Se trataba de desacreditar a un símbolo de la lucha democrática; una manera de estigmatizar uno de los mayores logros de esta generación, la normalidad democrática, que en la torcida visión del obradorismo no es más que un engendro engañoso del modelo neoliberal. De allí el encono y la decisión de llevar al detenido a un reclusorio de alta peligrosidad.

Tiene razón el régimen: la democracia es veneno puro para ellos, de lo que han dado sobrada cuenta.

Un espectáculo el de la titular de la FGR al responsabilizar al detenido de uno de los delitos que más condenan y comprometen al régimen político: el contrabando de combustible, el cual ha servido, además, para enriquecerse y para fondear las campañas, con el fin de prevalecer y mantenerse en el poder. Resulta ridículo el señalamiento de doña Ernestina Godoy; una ironía que esta semana haya quedado exhibida en su precariedad profesional, una vez más, en un supuesto hallazgo histórico de contrabando de combustible.

El régimen se excedió en su encono y lo llevó a la crueldad. Tratándose de una persona mayor con salud mermada, resultaba obligado que, no sólo por razones legales, sino por elemental decencia y un básico sentido humanitario, se llevara el proceso con el imputado en libertad. La juez así lo ha resuelto en estos días en virtud de un amparo. Ha sido una obligada corrección. No debe verse como concesión ni como generosidad de quien mueve los hilos de la justicia. Cierto es que, si el régimen así lo hubiera decidido, Ernesto Ruffo seguiría en el penal del Altiplano. Pero no hay que caer en la trampa de la falsa gracia, sobre todo cuando está acompañada de condena anticipada.

Se excedió a la luz de la ostensible impunidad de los suyos. Bien se sabe que la casa está corrompida. Como se ha dicho, no es una manzana la podrida, sino la canasta entera. Por eso el régimen está entrampado y no puede juzgar a ningún personaje de su círculo. Tiene razón el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya: la acción de la justicia no es contra él, es contra el conjunto, contra todos. Entiende y sabe que su falta no es privativa de él; Rocha Moya es sólo una pieza en el canasto. Por eso la FGR ni siquiera lo pudo imputar por lo que es incontrovertible: el encubrimiento, que hiciera la fiscalía bajo su control, del homicidio de Héctor Melesio Cuén, señalamiento formalizado por las indagatorias de la FGR y convalidado por la carta incriminatoria de “El Mayo” Zambada.

Queda clara la degradación de la justicia criminal mexicana. Las evidencias de incompetencia y parcialidad se acumulan por lo que se hace y, especialmente, por lo que no se hace. Esto ocurre porque la impunidad constituye la condición de existencia del régimen político. No importa la exigencia social, el ridículo público ni siquiera la amenaza del poderoso vecino. La ausencia de castigo ha adquirido carta de naturalización y, justo eso, es lo que más pesa en la embestida contra Ernesto Ruffo y lo que él representa.

La libertad provisional y condicionada de Ruffo es un logro mayor, pero esto no puede quedarse allí. Es necesaria su absolución y para esto se requiere una buena defensa legal, que la ha tenido, pero también una vigorosa presión pública y una acción que deje al descubierto la razón de la causa innoble del régimen político.