Extradiciones: ¿sólo así es posible combatir el crimen?

Uno de los más caros anhelos de miles de familias mexicanas, víctimas de la violencia, es que los sistemas de seguridad y justicia actúen para investigar y castigar los delitos que han sido perpetrados en su contra. El Estado mexicano, sin embargo, no ha hecho sino acumular una inmensa deuda en ese sentido en las últimas dos décadas.

La razón de esta realidad está a la vista y es conocida por todos: el crimen organizado ha infiltrado a las instituciones públicas y las ha convertido, literalmente, en parte de su estructura, de forma que ha garantizado largamente la impunidad para sus integrantes.

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Y aun cuando hemos reseñado el arresto de múltiples “capos” y líderes criminales en distintas regiones del país, los procesos en su contra no terminan de ofrecer los resultados que las víctimas esperan: que se sepa la verdad, por un lado, y se garantice la pacificación del territorio nacional, por el otro.

Se trata de una asignatura en la cual han reprobado todos, sin excepción. No importa el origen partidista de quien gobierne ni la zona del espectro ideológico en la cual se ubique: la seguridad y la administración de justicia ha constituido un muro contra el cual todos se estrellan.

Puntualizar lo anterior es importante porque sirve para analizar de forma adecuada las declaraciones que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, realizó ayer en una entrevista para una cadena radiofónica de la capital de la República.

De acuerdo con el funcionario, el Poder Judicial de la Federación constituyó “un problema”, en el pasado reciente, para la extradición a los Estados Unidos de prominentes figuras del crimen organizado que habían sido previamente detenidas en territorio nacional.

“Sentimos que había mucha traba en tantas extradiciones frenadas que no se lograban concretar por amparos. Eso, más que sorprendernos, era una preocupación constante”, indicó García Harfuch al referirse al fenómeno, del cual formaron parte, en su momento, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de la banda delincuencial conocida como “Los Zetas”, y a quienes se identificaba con los apelativos de “Z-40” y “Z-42”.

Resulta indeseable, desde luego, que los jueces −de cualquier nivel y orden de gobierno− favorezcan de forma indebida a un delincuente. Si eso ocurre, es necesario actuar para castigar la conducta concreta y evitar que se reproduzca. Pero en este caso pareciera que para García Harfuch la única posibilidad de hacer justicia es “que la hagan otros”: Estados Unidos, concretamente.

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Si otros países reclaman a presuntos delincuentes mexicanos, detenidos en México, debe darse la cooperación, por supuesto. Pero antes que el interés de los Estados Unidos en este tipo de capos debiera estar el interés nacional de juzgarles por los delitos que han cometido en nuestro país.

Porque es aquí donde han causado más daño y enlutado a miles de familias. Y es aquí donde esas familias siguen reclamando, desde hace ya demasiados años, que las autoridades mexicanas respondan a sus reclamos.