Hablemos de ciudadanía en el siglo XXI

Por mandato de ley, en México, ser ciudadano implica ser reconocido como miembro pleno de un Estado o comunidad organizada, titular de derechos políticos, civiles y sociales y sujeto al orden jurídico, es decir a derechos y obligaciones, que le permiten ser parte de una comunidad. Sus derechos fundamentales están garantizados, verbi gratia, la libertad de expresión, el derecho a votar o ser votado, y obligaciones como pagar impuestos y obedecer leyes, en la Constitución de la República, la norma jurídica de más jerarquía.

Hagamos un poquito de historia. En la Grecia antigua, el concepto de ciudadanía daba sentido al vínculo entre el individuo y la comunidad denominada Estado. Se trataba de un status superior al resto de las personas. Las mujeres y los esclavos estaban excluidos de participar en la vida pública. Los ciudadanos tenían libertades, derechos y obligaciones, ejercer cargos públicos, participar en la actividad religiosa. Este status les daba beneficios sociales, como el de poseer tierras. En el marco de los deberes, tareas a favor de la polis, como pagar impuestos y defender la comunidad. Perder la ciudadanía suponía perder el amparo de la ley, imposibilidad de ser testigo en un juicio, ser miembro del ejército o hacer testamentos, entre otros.

En la Roma de la antigüedad era menor la rigidez, los romanos eran más abiertos, y se explica, era un imperio conquistador. A los extranjeros les ofrecía una ciudadanía de segunda categoría, esto implicaba no participar en los asuntos públicos. No obstante, si podían suscribir contratos e, incluso, casarse con los romanos. Esto explica una integración paulatina y la expansión de la cultura de Roma a las costas del Mara Mediterráneo.

Algunas de esas ideas persisten en la actualidad, como el sentido de pertenencia a una comunidad y con la libertad de actuar en el marco de la ley. El concepto moderno de ciudadanía deviene de la Revolución francesa y así se plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, adoptada en 1789. Hubo un avance extraordinario, sin duda influenciados por el humanismo cristiano, al expresar que los derechos de los hombres eran naturales, inalienables y sagrados, y que todos los hombres nacían libres e iguales.

En el siglo XVII los maestros contractualistas, explicaron que existe un acuerdo real o hipotético que se inscribe al interior de un grupo social y por esta vía acuerdan reglas de convivencia y leyes a las que quedan sujetos los miembros de una comunidad. Hay pues un contrato social de por medio, esto lo desarrollaron las mentes brillantes de Jean Jaques Rousseau, John Locke y Thomas Hobbes. Hay diferencias entre estos filósofos, sin duda alguna. Pero la relevancia estriba en la idea clave de que a cambio de someternos al imperio de la ley, el Estado nos garantiza vivir en paz y en armonía, ¿el contrato puede revisarse y modificarse? Claro, la norma jurídica no es inmutable, el Derecho es una disciplina dinámica, que se adapta a la realidad en la que se aplica. Y así como a través de nuestros representantes se establece una norma, hay posibilidad de reformarla. Para cambiarla, en nuestra calidad de ciudadanos, debemos de ocuparnos, de saber a quienes estamos votando para ser nuestros representantes. Elegir gente capaz, preparada para el puesto, no es enchílame otra.

Si no PARTICIPAMOS en las elecciones que periódicamente tenemos a nivel local y federal, estamos fritos. Y participar implica CONOCER la CURRÍCULA de los aspirantes, informarse de las razones de porque quieren ser nuestros representantes, de ir a los partidos y preguntarle por qué están presentando a tal o cual persona para el cargo. Es parte esencial de nuestro deber CIUDADANO. ¿Por qué renunciar al mismo? Nosotros somos los destinatarios de sus aciertos o de sus yerros. Nosotros pagamos sus remuneraciones... Carajo –perdón por la expresión– hagamos lo que nos toca con alto sentido de responsabilidad. En lugar de mentarles la ídem y quejarnos entre cuatro paredes de la clase de gente que llega a hacer las leyes, a aprobar el presupuesto, a revisar la cuenta pública, entre otras funciones sustantivas para la buena marcha del sitio en el que vivimos, en las que transcurre nuestra existencia, en donde viven las personas que amamos y nos aman.

Marta Irene Lois y Alba Alonso, politólogas españolas, expresan con claridad meridiana lo que es ser ciudadano en nuestros tiempos: En la actualidad, ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad, asimismo supone obligaciones que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. La ciudadanía se manifiesta (se hace posible) a partir de tres dimensiones diferenciadas. Siguiendo a Marshall, primero, por pertenecer a una comunidad que es fuente de identidad colectiva (nacional). Segundo, por la capacidad que tenemos de ser agentes participantes y decisorios en las instituciones políticas. Tercero, porque supone cierto estatus legal. Las tres dimensiones -que se presentan interrelacionadas entre sí en el mundo real- han sido destacadas como claves por diferentes corrientes filosóficas como el comunitarismo, el republicanismo y el liberalismo”.

En junio tenemos elecciones en Coahuila. El único estado del país. Vamos a elegir diputados locales. De nosotros depende quienes llegan. Y no es un juego, de verdad.