La primera reacción del Gobierno de México, frente a los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en contra de tres instituciones financieras mexicanas, por presuntamente contribuir al lavado de dinero de cuatro organizaciones criminales, fue afirmar que no cuenta con pruebas de que tales hechos hayan ocurrido.

Ayer mismo, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta postura señalando que “si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito... Que (el Departamento del Tesoro) envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso”.

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Fue enfática en el señalamiento: “si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”. Y aunque no negó la posibilidad de que el señalamiento pudiera ser cierto, se sostuvo en la afirmación: “sencillamente no hay pruebas”, dijo.

Pese a ello, horas más tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció la “intervención gerencial temporal” de las tres instituciones involucradas: los bancos Intercam y CIBanco, así como la casa de bolsa Vector.

La intervención, según se informó, implica sustituir a los órganos administrativos y a los representantes legales de las instituciones intervenidas, “con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.

La pregunta obligada es: ¿por qué si las autoridades de Estados Unidos no le han proporcionado pruebas a las autoridades mexicanas mediante las cuales se demuestre que incurrieron en irregularidades, se tomó la decisión de intervenirlas gerencialmente?

Se trata de una contradicción que debe ser aclarada por el Gobierno de la República, pues no suena lógico que, en primera instancia, se fije una postura puntual, en el sentido de que en ausencia de pruebas es imposible actuar y, enseguida, se anuncie la adopción de medidas que, por lo menos, dejan entrever que sí existe fundamento en las acusaciones.

El vacío informativo, como suele ocurrir, se está llenando con especulaciones y la principal tiene que ver con la cercanía política entre el más visible de los involucrados, el empresario regiomontano Alfonso Romo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Se está intentando proteger a Romo debido a sus vínculos políticos con el fundador de la autodenominada cuarta transformación? No es posible responder de forma inequívoca al cuestionamiento, pero mientras el Gobierno de la República no ofrezca información que aclare cuál es su postura en torno al caso, la especulación seguirá creciendo.

Valdrá la pena, desde luego, que las aclaraciones no tarden mucho, pues el tiempo juega en contra de la imagen y la reputación de las instituciones señaladas.