Lecturas de la extradición de 29 capos a Estados Unidos
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Nunca habíamos visto la extradición simultánea de 29 grandes capos del narcotráfico a los Estados Unidos, por parte de México, ello a pesar de que las extradiciones son un proceso regular en la relación bilateral, pero las mismas se han dado en lo individual o en pequeños grupos, que rara vez rebasan los cinco integrantes.
El antecedente más cercano se dio en 2007 cuando México entregó a 15 personas a los Estados Unidos, entre las que se encontraban Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, y Héctor “El Güero” Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa, pero en donde el resto de los integrantes eran de mediana importancia en las estructuras criminales.
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La entrega realizada hace unos días no sólo es relevante por la cantidad, sino por el perfil de las 29 personas. En donde siete de ellos en algún momento fungieron como líderes máximos de alguna de las principales organizaciones de tráfico de drogas del país, por ejemplo, Rafael Caro Quintero fue el jefe del extinto Cártel de Guadalajara, así como del actual Cártel de Caborca, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales estuvieron al frente de Los Zetas, Vicente Carrillo Fuentes comandó algunos años el Cártel de Juárez, Jesús “El Chango” Méndez Vargas fundó y dirigió la Familia Michoacana, Evaristo Cruz Sánchez mandó sobre una de las facciones del Cártel del Golfo, llamada los Ciclones, y Erick Valencia Salazar fue fundador junto a Nemesio Oseguera del Cártel Jalisco Nueva Generación y después estuvo al frente del Cártel Nueva Plaza.
Incluso entre quienes no llegaron a ser los líderes de una organización criminal, podemos encontrar figuras de alto perfil, por ejemplo, José Ángel Cannobio Insunza, mano derecha de Iván Archivaldo Guzmán, líder de los Chapitos o de Antonio Oseguera Cervantes, hermano y operador financiero de Nemesio Oseguera “El Mencho”, los cuales pueden proveer información actual de las operaciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Por lo que las autoridades de los Estados Unidos podrían ofrecerles acuerdos de reducción de sentencias a cambio de información que lleve a la captura de otros capos.
Por lo precipitado de la extradición y la coyuntura de la relación bilateral con los Estados Unidos, resulta claro que la iniciativa no provino del Gobierno de México, sino como ya lo han señalado las autoridades de Estados Unidos, fue producto de la presión ejercida por el Presidente Donald Trump y de su Secretario de Estado Marco Rubio, bajo la amenaza que de no cooperar se harían efectivos los aranceles del 25 por ciento a todos los productos provenientes de México.
Sin embargo, tampoco queda claro que la entrega de estos 29 capos vaya a calmar las amenazas de Trump, todo indica que ya nos tomó la medida, y entonces juega con la amenaza cada que puede para lograr que México realice acciones que de otra forma y en otro momento, no tomaría. De manera que la política de seguridad de nuestro país está siendo dictada desde Washington.
La operación destacó por su logística, porque implicó, que con la mayor discreción se concretara el traslado de criminales que se encontraban recluidos en 11 centros penitenciarios diferentes, en entidades como el Estado de México, Nayarit, Sonora, Guanajuato, Oaxaca o Chiapas. Ello sin que medios de comunicación, abogados o familiares se percataran, hasta que ya era demasiado tarde.
Cuando comenzaron los rumores, incluso algunos abogados fueron interrogados al respecto y negaron que se hubiera dado la extradición de sus clientes, como fue el caso del defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”.
Varios de los extraditados de hecho contaban con amparos concedidos para evitar precisamente ser entregados a las autoridades de los Estados Unidos, tal es el caso de Rafael Caro Quintero, a quien se le había concedido una suspensión provisional para su extradición hace apenas una semana.
De hecho, esto ha llevado a las autoridades, comenzando por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a plantear que no se trató de una extradición, sino de un envío de personas que eran requeridas por la justicia de los Estados Unidos y como hubo solicitud, afirma que se cumplió lo que dice la ley.
El problema es que se trataba de personas que ya se encontraban en centros penitenciarios al momento de la solicitud, muchos de ellos cumpliendo condenas, por lo que la figura del envío pudiera haber sido ilegal, casi equiparable a un destierro, que está prohibido por para ciudadanos mexicanos.
De hecho, el que no se haya dado el proceso de extradición en toda regla, abre la puerta a que algunos de los capos puedan ser condenados a la pena de muerte. Ya que el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional en su fracción V establece que para que el Estado Mexicano dé trámite a una solicitud de extradición, el país que lo solicita se debe comprometer a no aplicar la pena de muerte y en su lugar intercambiar la condena por prisión, aunque la misma sea de por vida.
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El caso es que este envío de personas va a seguir suscitando muchos debates, primero respecto a las motivaciones que hay detrás y al hecho de que se dieron todas las facilidades al gobierno de los Estados Unidos, segundo a la legalidad de la medida y al cumplimiento de las formalidades por parte de las autoridades mexicanas y tercero respecto a los efectos del envío de 29 capos de alta importancia, que tendrán todos los incentivos para aportar información a cambio de beneficios en sus condenas, echando al agua a sus socios y a políticos corruptos.
Pero también hay que considerar que a pesar de las faltas al debido proceso o a que la decisión haya sido precedida por amenazas por parte de los Estados Unidos, lo cierto es que al menos hay tres grandes efectos positivos para México.
El primero es que el riesgo de extradición o envío se potencia para el futuro, es decir, ahora los capos corren más riesgos de terminar presos en los Estados Unidos, por lo cual tendrán los incentivos para moderar sus acciones. Segundo, habrá juicios que nos permitirán reconstruir la verdad histórica y descubrir a actores que protegieron a los narcos, al tiempo que se da en los Estados Unidos la justicia que no pudimos lograr en México y tercero se evita que algunos de los capos enviados a Estados Unidos, sigan controlando a sus organizaciones desde cárceles mexicanas.
@victorsanval
