Ley de Audiencias: avanza la desconfianza mutua

La crisis surgida la semana recién terminada entre el gobierno Sheinbaum y los grandes corporativos mediáticos bajo concesión del Estado (televisión y radio), evidenció el fracaso de negociaciones entre las partes, desarrolladas a lo largo de este año, para destrabar la vigencia de derechos de las audiencias reconocidos por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), aprobada en julio de 2025.

Lo que vemos ahora es la predisposición para elevar apuestas en una atmósfera de persistente polarización. El rol más protagónico lo concentra la televisora de Ricardo Salinas Pliego, orientada a denostar e incluso negar los referidos derechos de las audiencias, mientras que voces desde la acera de enfrente emprenden un linchamiento de los medios en general. “Han mentido como piratas. Que se jodan”, proclamó Sabina Berman, una porril intelectual habituada a subsistir en espacios de los medios públicos.

Existen en el escenario nudos políticos y técnicos, que convergen en el artículo 295 de la LMTR, el cual impone multas de hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario si incumple acciones de carácter ético frente a los derechos de las audiencias, como no generar un Código de Ética o no designar un Defensor de las Audiencias.

La semana recién terminada, durante una mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo, su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, ofreció recibir propuestas, en el limitado formato de un correo electrónico, sobre lineamientos que harán de reglamento de la LMTR, cuya aplicación quedará en manos de la recién establecida Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado sin la autonomía constitucional de que gozó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado en 2013 y extinguido en octubre del año pasado.

Los lineamientos propuestos por la señora Alcalde Luján, una favorita del régimen -a sus 38 años ha pasado por cinco cargos públicos, incluidas dos secretarías de estado- parece pecar de aberraciones jurídicas; entre otras, que la CRT sea autoridad procesal de quejas no atendidas por los defensores de la audiencia, labor que la LMTR no le asigna y que atraería sanciones de la gravedad referida contra conductas no descritas en la propia ley.

Expertas como Irene Levy ha alertado sobre otra decena de deficiencias jurídicas en la propuesta de Alcalde. Debe subrayarse que los derechos de las audiencias están considerados en convenciones internacionales con el mismo rango que el de la libertad de expresión. Pero México podría ser el único país que condenara a pagos económicos -de una dimensión así de grave- por incumplimientos éticos de los medios. Este tipo de sanciones, especialmente sobre bases tan ambiguas, supondrían sin duda una herramienta de censura previa.

Las mejores prácticas internacionales (Reino Unido, Canadá, Australia, Francia o Alemania) optan no por sanciones económicas sino por mecanismos que alientan la rendición de cuentas, la publicación de las resoluciones y la llamada “corregulación“ o autorregulación supervisada por un ente estatal, en general dotado de autonomía y que vela igualmente por la libertad de expresión, que considera una herramienta democrática que limita el poder público, garantiza el debido proceso y asegura la independencia de quienes aplican las reglas, como explicó en un artículo reciente la especialista Elena Estavillo.

Lo responsable en bien de los derechos de todos es que cada parte contenga a sus halcones y se abra un espacio de diálogo público que derive en acuerdos validados por entes plurales y autónomos.

Debe subrayarse que mientras esto ocurre en México, lo que realmente domina en el mundo es el debate sobre los riesgos sociales de la inteligencia artificial, la influencia de potencias cibernéticas sobre redes sociales, o la urgencia de exigir a las plataformas tecnológicas (Google, Amazon) regulaciones para frenar la desinformación. Vamos tarde, y mal.