Narcomenudeo: ¿se está combatiendo eficazmente en Coahuila?

La estadística, se ha señalado en todos los tonos posibles, constituye una herramienta extraordinaria para medir la eficacia de las políticas públicas. El diseño y seguimiento de indicadores representa, en este sentido, uno de los instrumentos de política pública más relevantes.

Pero para que la dinámica de los indicadores sea realmente relevante, ésta debe hacerse sin fines propagandísticos o de exacerbación de los gobiernos. Y eso aplica, desde luego, para los gobiernos de cualquier corte ideológico y de cualquier orden.

Porque leer las estadísticas sólo con el afán de “demostrar” que se están ejecutando acciones adecuadas o, peor aún, para rendir culto a la personalidad de los gobernantes o servidores públicos, constituye un error insanamente infrecuente en nuestro país.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila es la tercera entidad del país que más “dealers”, es decir, distribuidores de drogas, ha “sacado de circulación” en el primer tercio de 2026.

Con mil 402 carpetas de investigación abiertas –entre enero y abril de este año– por delitos relacionados con el narcomenudeo, la estadística nos ubica solamente por debajo de Guanajuato, con mil 433 casos, y Sonora, con mil 417 en el mismo periodo.

¿Qué indican estas cifras?

Una primera lectura nos conduce a considerar que Coahuila es una entidad en la cual se toma en serio el combate a las adicciones y por ello tenemos un elevado número de carpetas de investigación. Y la lectura mejora todavía más cuando se tiene en cuenta que la cifra nos ubica por encima de entidades que tienen mucha más población que nosotros.

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta la evaluación alternativa, es decir, que el elevado número de carpetas es indicativo de un problema grave de incidencia en adicciones, el cual demanda reacciones –y acciones– por parte del sector público.

Como casi cualquier fenómeno que afecta y amenaza el tejido social, el de las adicciones demanda análisis serio y el diseño de acciones multidisciplinarias que tengan como objetivo contener y, de forma ideal, reducir el número de personas que caen en la trampa de las drogas.

Por ello es necesario que no nos quedemos con la lectura superficial de las estadísticas ni las convirtamos en elementos para la crítica o el elogio sin fundamento. Porque lo que requerimos es justamente lo contrario, es decir, que el tema no se frivolice.

Cabría esperar, desde luego, que quienes tienen responsabilidades públicas sean los primeros en hacer un esfuerzo por desarrollar un análisis serio de la realidad y orientar sus energías a contener un problema que no es nuevo y siempre puede provocar mayores estragos.