NUDO GORDIANO. Colombia: entre las flores, la cruz y las armas

Colombia es uno de los países más hermosos de América Latina. Pocas naciones reúnen semejante diversidad: dos océanos, tres cordilleras, selvas, llanuras y una biodiversidad que asombra al mundo entero. Es la Colombia de las flores y el café, de García Márquez y Botero, de mujeres que cargan el mercado en la cabeza a los ochenta años y de jóvenes que tocan vallenato en un rincón del mundo que la mayoría no sabría ubicar en el mapa. Una nación que ha forjado una identidad extraordinaria a pesar de todo lo que ha tenido que soportar y que, precisamente por eso, merece ser observada con respeto.

Pero detrás de esa belleza hay cicatrices profundas. La violencia, las guerrillas, el narcotráfico, los secuestros y cerca de ocho millones de desplazados dejaron una huella que ninguna firma puede borrar del todo. El acuerdo de 2016 abrió una esperanza genuina. Pero también mostró, sin concesiones, cuánto queda por sanar: cuántas familias siguen esperando que alguien les diga dónde están sus muertos, cuántas comunidades reconstruyen desde cero lo que la guerra les arrebató.

Por eso importa observar con cuidado las primeras señales del gobierno de Abelardo de la Espriella, político de derecha que llegó a la presidencia tras una elección polarizada, con el respaldo público de Donald Trump, quien luego presentó el triunfo como una victoria también para Estados Unidos. Fueron los colombianos quienes votaron y decidieron, como corresponde. Pero cuando el presidente de la primera potencia del mundo toma partido abiertamente en la elección de otro país y después celebra el resultado como propio, algo en la noción de soberanía queda herido. No es un detalle menor.

Desde antes de tomar posesión, De la Espriella fue incorporando símbolos que dicen mucho: intentó juramentarse en una guarnición militar —finalmente desistió—, exalta permanentemente a las Fuerzas Armadas y cierra sus discursos con un «¡Viva Cristo Rey!» que ya es su firma. Todo gobernante tiene derecho a sus creencias. El problema surge cuando la fe personal comienza a confundirse con la representación del Estado. Colombia es una nación plural; su presidente gobierna también para quienes no comparten esa fe, para los millones que han aprendido, a fuerza de historia, a desconfiar de quien mezcla el altar con el poder.

La combinación de patria, religión y Fuerzas Armadas tiene una larga y conocida historia en este continente. Colombia no necesita que nadie se la explique.

Apenas iniciada la administración, la naturaleza impuso una prueba sin disfraces: el terremoto del 10 de agosto dejó centenares de muertos y heridos, familias buscando a sus seres queridos entre los escombros, comunidades enteras destruidas en cuestión de segundos. Varios países ofrecieron rescatistas. Las primeras respuestas del gobierno fueron confusas: algunos fueron aceptados, otros quedaron en espera, mientras, bajo los derrumbes, el tiempo corría y, con él, vidas. Las decisiones se corrigieron después, pero en una catástrofe las primeras horas son las que más vidas cuestan. Y frente a una tragedia no hay rescatistas de izquierda ni de derecha: hay seres humanos intentando salvar a otros seres humanos. Eso no debería necesitar explicación.

Mientras Colombia removía escombros, el gobierno formalizó en la Ciudad de Panamá su incorporación a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, encabezada por Washington. Combatir el crimen organizado es una obligación de cualquier Estado. Pero el contraste es difícil de ignorar: un gobierno que exalta la soberanía nacional y la grandeza de la patria profundiza, al mismo tiempo, su dependencia militar respecto de Estados Unidos, cediendo márgenes de decisión que después resultan difíciles de recuperar. La cooperación tiene un límite; más allá de ese límite está la subordinación. Colombia merece saber en qué lado de esa línea se encuentra.

El proyecto económico apunta en la misma dirección: una menor carga fiscal sobre grandes patrimonios y capitales y austeridad en el gasto público. La lógica es conocida: si quienes más tienen contribuyen menos y el Estado gasta menos, el ajuste recae inevitablemente sobre los servicios de salud, educación e infraestructura que sostienen a quienes menos tienen. No es ideología: es aritmética. Colombia no necesita otro experimento de ese tipo. Ya lo vivió y le costó caro.

Todo esto ha ocurrido en muy pocos días.

Es demasiado pronto para dictar sentencia sobre De la Espriella. Pero no lo es para observar. Colombia ha sufrido demasiado para que sus ciudadanos se permitan la indiferencia. Y en esa vigilancia, que no es hostilidad sino responsabilidad cívica, reside precisamente la diferencia entre una democracia viva y otra que se va durmiendo sin darse cuenta. Ese país extraordinario —de flores, montañas y selvas, de gente que lleva décadas reconstruyendo su vida con una tenacidad que asombra— merece paz, democracia, justicia e independencia real. No las palabras: las cosas.

Y precisamente por eso debe mirar con cuidado las tres imágenes que ya definen a su nuevo gobierno: las flores que adornan la nación, la cruz que cierra los discursos y las armas que ocupan cada vez más el centro del escenario.