‘Operación Resolución Absoluta’: ¿Petróleo o libertad?

Iniciamos el año con un golpe internacional tremendo: la “Operación Resolución Absoluta”. En la madrugada del 3 de enero, el gobierno estadounidense bombardeó Caracas y capturó y extrajo ilegalmente a Nicolás Maduro. The New York Times reporta al menos 80 muertos, entre militares y civiles. Considero a Maduro un dictador bajo el cual Venezuela ha caído en la ruina económica y que constantemente ha violado los derechos humanos y políticos de los venezolanos; su régimen ha sistematizado la censura y la persecución de disidentes, sumando 902 presos políticos (cifras de la organización Foro Penal, 20 de diciembre de 2025).

A pesar de mi rechazo al gobierno bolivariano, condeno la atroz invasión al país caribeño. He equiparado anteriormente a Donald Trump con Próspero, del drama shakespeariano “La Tempestad”: una figura de falso profeta civilizador, con pulsiones de dominio, cuyo fin es someter a otras naciones y extraer sus riquezas naturales.

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Me parece hipócrita que en un primer momento la justificación de la detención fuese jurídica –juzgar a Maduro en Estados Unidos de América (EUA) por “narcoterrorismo”–, y que posteriormente Trump, con el cinismo que lo caracteriza, diera una explicación económica: van por el petróleo. Se estima que Venezuela cuenta con 303 mil millones de barriles de crudo, la mayor reserva petrolera a nivel global.

Hagamos memoria.

En 1933, con el propósito de instaurar la “política del buen vecino” y limpiar su imagen de Estado imperialista, Franklin D. Roosevelt promovió la firma de la Convención de Montevideo en la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos. En el artículo 4 de la Convención se estableció la igualdad jurídica de los Estados; el artículo 8 prohíbe la intervención en los asuntos internos y externos de otro; el artículo 10 establece como interés primordial de los Estados firmantes la conservación de la paz, disponiendo que cualquier divergencia suscitada debe arreglarse pacíficamente. La Convención está ratificada por EU, por lo que su observación es obligatoria para este país.

Sin embargo, hace tiempo que estas obligaciones internacionales son insignificantes para el Tío Sam. Hace cincuenta años, el Comité Church (nombrado así por su presidente, Frank Church) del Senado de EU investigó las operaciones y abusos de los servicios de inteligencia y seguridad en contra de líderes extranjeros, ordenados desde el Despacho Oval. Entre 1975 y 1976, el Comité publicó 14 reportes detallando complots para derrocar gobiernos, golpes de Estado, así como para acabar con la vida de políticos incómodos para el gobierno estadounidense.

El reporte del Comité Church para el caso de Chile es desolador. La fobia antiizquierdista del presidente Richard Nixon, sumada a su temor por la nacionalización de la industria del cobre –Chile es el principal productor de cobre en el mundo–, condujo a que su gobierno limitara el crédito financiero al gobierno chileno y a incrementar el apoyo, tanto en recursos como en formación, a las fuerzas armadas de este país.

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Los reportes del Comité Church informan que, desde el 15 de septiembre de 1970 –antes de que Allende rindiera protesta–, Nixon se reunió en la Casa Blanca con Henry Kissinger, Richard Helms (director de la CIA) y John Mitchell (fiscal general), para “urgir a Helms para que hiciera cuanto pudiera para impedir que Allende llegara al poder”. Ante los intentos infructuosos de evitar que se constituyera el gobierno de coalición de Unidad Popular, el siguiente paso fue su derrocamiento mediante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que culminó con el bombardeo al Palacio de La Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende. Lo anterior, a pesar de los esfuerzos de Allende de mediar por las vías institucionales el tema de la compensación a las mineras estadounidenses.

Posteriormente, el dictador Augusto Pinochet –impulsado por EU– desnacionalizó el cobre, revirtiendo las medidas de Allende.

El caso chileno y el venezolano son distintos, empezando por la naturaleza democrática del gobierno chileno y la dictatorial de Maduro. Sin embargo, hay un leitmotiv: la intervención ilegal estadounidense y su insaciabilidad por recursos económicos. Dudo mucho que a Trump le importe el pueblo venezolano y su libertad, aunque reconozco que el devenir de Venezuela es incierto. Espero que la ciudadanía de este país se apropie soberanamente de su gobierno y su destino.

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