Para combatir la violencia las leyes son insuficientes

Una de las características indeseables de las sociedades humanas es la forma como largamente se normalizaron conductas que derivaron en una realidad de violencia y exclusión hacia las mujeres. Se trata, es necesario decirlo, de una situación global a la cual México no escapa.

Por ello justamente, nuestro país forma parte del conjunto de 189 naciones que han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), uno de los tratados internacionales, impulsados desde la Organización de las Naciones Unidas, que goza de mayor respaldo internacional.

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Y uno de los aspectos que la CEDAW y otros documentos internacionales evidencian es que la raíz del problema de violencia y discriminación que sufren las mujeres se ubica en la cultura. Por ello, para remontar la realidad actual es preciso transformar la cultura social.

En ese proceso, las normas públicas, es decir, aquellas que se crean mediante el proceso legislativo y, por ende, tienen la posibilidad de ser impuestas a quien se resista a ellas, constituyen una herramienta importante... pero claramente insuficiente.

Tener claro que la sola existencia de normas es insuficiente para transformar la realidad es indispensable para no seguir incurriendo en el error que históricamente se ha cometido en el nuestro y muchos otros países del mundo: limitarnos a crear normas y desentendernos de la necesidad de dotarlas de mecanismos para que tengan efecto en la realidad.

Un ejemplo sencillo basta para ilustrar el señalamiento anterior: con matices de redacción, el primer párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución ha dicho, desde siempre, esencialmente lo mismo: “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”.

El razonamiento lógico más elemental diría que no hace falta más para que, en los hechos, en la realidad tangible, la mujer y el hombre sean iguales, es decir, que gocen exactamente de los mismos derechos y tengan pleno a estos en las mismas circunstancias.

Todos sabemos que eso no es cierto y por ello es que, al reseñar el planteamiento según el cual, la actual Legislatura del Congreso de Coahuila, centrará su trabajo del próximo período ordinario de sesiones en el análisis, discusión y aprobación de normas para combatir la violencia de género, es preciso advertir sobre la necesidad de ir más allá de simplemente crear nuevas leyes o reformar las existentes.

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Además de eso, y para que las normas puedan convertirse en herramientas que transformen la realidad, nuestros legisladores tendrían que asegurarse de que se destine, a la implementación de esas reglas, así como a su efectividad en los hechos, el presupuesto necesario.

Sin recursos que permitan implementar las leyes, es decir, hacer que se cumplan, es imposible esperar un resultado distinto al que vemos hoy.