POLITICÓN: Con mentiras, fantasías y engaños, Fiscalía de NL arma caso contra director de VANGUARDIA

I. JUSTICIA

La Fiscalía General de Nuevo León, bajo la conducción de Javier Flores Saldívar, armó una “carpeta de investigación” y ejecutó la detención del Director General de esta casa editorial en un acto de evidente arbitrariedad y abuso de poder. La acusación: un supuesto fraude derivado de una fantasiosa entrega de dinero como “anticipo” por la compra de un predio en Saltillo. La detención, realizada dentro del aeropuerto de Monterrey, con apoyo de la Guardia Nacional, confirma que la Fiscalía actúa como brazo político para castigar y favorecer intereses privados que deberán salir a la luz.

II. EL ENGAÑO

Todo parte de una presunta operación de compraventa que jamás existió y sobre la cual no se aportó evidencia. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León fabricó una causa penal por el “delito” de fraude. Ni los abogados de esta empresa habían logrado, ayer por la tarde, acceder a la carpeta de investigación. El objetivo es claro: usar el sistema penal para desprestigiar al Director General de Vanguardia. No hay sustancia jurídica, solo una maquinaria manipulada para armar casos falsos y golpear mediáticamente.

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III. MIENTEN

La Fiscalía miente. En el boletín con el que “informó” de los hechos afirma que la detención de Armando Castilla Galindo ocurrió en “vía pública”, en la carretera Miguel Alemán, cuando en realidad fue en el filtro de seguridad del aeropuerto de Monterrey. También falsea los hechos al inventar una supuesta venta de un terreno, cuando no hay contrato, ni operación alguna. No existe ningún antecedente legal que sustente lo dicho. La narrativa oficial disfraza con tecnicismos el abuso de poder que practica. No se investiga: se arman un caso a partir de mentiras y se publica un boletín tratando de hacerlo pasar por verdad.

IV. MONTAJE

Nada justifica el uso de la Guardia Nacional para detener en un aeropuerto a una persona sin causa alguna. No hay delito real... solo una acusación ficticia. Solo un montaje cuidadosamente planeado para exhibir, infundir miedo, sembrar sospechas y lograr otros fines. La Fiscalía no actúa para hacer justicia, sino para montar espectáculos, servir a intereses privados y fabricar culpables. Ese boletín no es información: es propaganda institucional al servicio de intereses que nada tienen que ver con la legalidad.

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V. FOCO DE CORRUPCIÓN

En la pasada discusión sobre la reforma judicial, Ana Laura Magaloni, académica e investigadora mexicana especializada en Derecho, insistió en que el verdadero elefante en la sala eran las fiscalías, no los jueces. Para ella, el epicentro de la impunidad está en esas instituciones, sobre todo las estatales, en la cuales se fabrican delitos, se persigue selectivamente y no se garantiza justicia cotidiana. Son estructuras ineficientes, opacas y profundamente politizadas. La autonomía que se les concedió ha sido, en muchos casos, una fachada que solo consolidó pactos locales de impunidad. Y Nuevo León es ejemplo vivo de ello.

VI. REINGENIERÍA

Magaloni lo ha dicho claro: sin una reingeniería institucional de fondo, las fiscalías seguirán siendo el centro del problema. No basta cambiar al fiscal si no se modifican sus procesos, incentivos y mecanismos de control. Investigar no es simular, y perseguir delitos no debería ser un instrumento político. Hoy, cuando vemos a una fiscalía usar todo su aparato para fabricar un caso menor, exhibirlo con boletín oficial y ejecutarlo como si fuera un peligroso operativo antiterrorista, nos queda claro que el modelo está roto.

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VII. EL RETO

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un vacío heredado: las fiscalías estatales operan sin vigilancia, con autonomía solo en el papel y poder absoluto en la práctica. Si la llamada Cuarta Transformación de verdad busca combatir la corrupción, debe voltear a ver lo que pasa en Nuevo León cuya Fiscalía se utiliza impunemente como herramienta de persecución con propósitos meramente económicos. La transformación de la justicia empieza por reconocer que, sin contrapesos, estos órganos se convierten en juez y parte. Y eso no es justicia, es abuso con fuero y este caso es una muestra clara.

VIII. SIN CONTRAPESO

El caso de Nuevo León deja claro que, mientras no exista una intervención al diseño institucional, las fiscalías estatales seguirán siendo, no un instrumento al servicio de la sociedad, sino nidos de corrupción que actúan con total impunidad. La narrativa anticorrupción de la 4T necesita pasar de los discursos a los hechos: fortalecer mecanismos de control, garantizar el apego a la ley y evitar que sigan sirviendo como refugio de pactos locales. O se mete mano de fondo, o la transformación quedará en puro eslogan.

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IX. MODUS OPERANDI

Durante el proceso de investigación de los hechos de ayer, hemos identificado al menos quince casos con patrones similares al de VANGUARDIA, lo que sugiere que no se trata de una excepción, sino de un modus operandi dentro de la Fiscalía General de Nuevo León. En estos casos aparecen involucrados funcionarios ministeriales y despachos ligados a figuras políticas. Nombres como los de Filiberto de la Garza y Roberto Vega, entre otros, emergen como piezas clave de un entramado en el cual la justicia parece negociarse al mejor postor. Esa es la punta de la madeja que habría que comenzar a jalar.

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